Granma
July 18, 2006
Cease of cohabitation
LOURDES PÉREZ NAVARRO
lourdes.p@granma.cip.cu
A CubaNews
translation. Edited by Walter Lippmann
http://www.granma.cubaweb.cu/2006/07/18/nacional/artic03.html
Jorge Ignacio Márquez owns a house in Candelaria, Pinar del Rio province. In his letter to us, he explains that due to his work activities he is away from home for long periods and he authorized a nephew to live in the house.
In time, his nephew started selling objects from the house, including electrical home appliances, without consent. “In my absence, and again without consent, he moved his wife from Havana to my house. Now he tells me that I spend very little time in the house and therefore I have no right to live there.”
“My questions are: Can I place a cease of cohabitation recourse against my nephew and his wife? Is there a law that protects me?”
A RIGHT OF THE HOUSE OWNER
The Ley General de la Vivienda [the Law which describes rights and duties of house owners] states that house owners are free to determine who can live in their house with them. Besides, the law gives them the right to put an end to cohabitation with any person. No administrative or judicial statement is required for this.
But sometimes it happens that cohabitants (people who live in the house and are members of the nucleo familiar [Cuban organizational category for housing and food distribution issues] even if they are not relatives of the owner) try to remain in the house against the owner’s will.
When this happens, the owner can submit in writing a cease of cohabitation request at the Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) [Municipal Housing Office] of the locality where the house is.
This sets off a process: A file is opened and inspectors start verifying the data in the written request. Then the cohabitant is compelled to reply. He can do this himself or he can get representation and use the services of a lawyer from a Bufete Colectivo [group of chartered legal counsellors].
Finally, DMV issues a resolution. Against this resolution any disagreeing party can appeal to the relevant Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular [Provincial Civil Court].
The aforementioned legislation warns persons who insist on remaining in the property without the owner’s consent that DMV can dictate, at the request of the house owner, a Resolution urging the cohabitant to abandon the house within 30 days after notification.
If no results are achieved after 30 days, DMV will notify the entities from which cohabitants receive their income of the obligation to deduct from them a 30% monthly fine on the grounds of “unauthorized use of housing facilities”.
If this situation remains for a period longer than 3 months, deductions will be increased to 50% for as long as illegal occupation continues. The deducted money will go to the State Budget for Social Welfare.
People with a clear antisocial behavior, without work links, who refuse to
comply with the decisions of the relevant authorities, can be compelled by
public enforcement agents
EXCEPTIONS TO THE EXERCISE OF THIS RIGHT
There are exceptions to the right of house owners to put an end to cohabitation: they cannot evict parents, offspring or, in the case of male owners, the mother of his offspring if she has custody of the children and has no other place to live.
Neither can owners exercise this right against a mother with underage children who have lived in the house for more than three years and have no other place to live; neither can they exercise this right against elderly people in the same circumstances.
The law also authorizes relevant officials to deny the ceasing of cohabitation when this is considered unjust or inhuman.
Cese de convivencia
LOURDES PÉREZ NAVARRO
lourdes.p@granma.cip.cu
http://www.granma.cubaweb.cu/2006/07/18/nacional/artic03.html
Jorge Ignacio Márquez es propietario de un inmueble ubicado en Candelaria, Pinar del Río. Cuenta en su carta que por motivos de trabajo se ausenta de la casa por largos periodos, por lo que autorizó a un sobrino a residir allí.
Con el tiempo, y sin su permiso, su pariente empezó a vender algunos de los objetos de la vivienda, incluso efectos electrodomésticos. En mi ausencia, explica, realizó cambio de dirección de su esposa, quien radicaba en La Habana, para mi casa, sin mi consentimientoÁAhora me dice que yo casi nunca habito el inmueble y por tanto no tengo derecho a vivir en él.
"Mis preguntas son: ¿puedo efectuar un cese de convivencia para mi sobrino y su esposa?, ¿existe alguna ley que me ampare?"
ES UN DERECHO DEL PROPIETARIO
Al mencionar los derechos y obligaciones de los propietarios de inmuebles, la Ley General de la Vivienda establece que estos determinarán libremente qué personas vivirán con ellos. Además, los faculta para dar por terminada la convivencia de cualquier persona, para lo que no requerirán declaración administrativa ni judicial.
Pero a veces sucede que los convivientes (personas que residen con el titular aun sin haber relación de parentesco entre ellos, y que forman parte del núcleo familiar) pretenden mantenerse en la vivienda contra la voluntad de su dueño.
Ante esta situación el propietario puede solicitar por escrito el cese de convivencia ante la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) del territorio donde radica el inmueble.
Esto inicia un proceso: Se abre un expediente y los inspectores proceden a verificar lo expuesto en el escrito. Luego el conviviente es emplazado para contestar, lo que podrá hacer por sí mismo o representado por un abogado de los Bufetes Colectivos.
Finalmente los funcionarios de la DMV dictan una resolución; contra lo dispuesto en ella la parte inconforme puede interponer una demanda ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular correspondiente.
La mencionada legislación advierte que si la persona pretende permanecer en la vivienda contra la voluntad de su propietario, la DMV, a solicitud de este, dictará resolución, si procediere, conminando al conviviente a que abandone la casa dentro del plazo de 30 días naturales posteriores a su notificación.
Transcurrido ese tiempo sin que la medida surta el efecto deseado, la DMV comunicará a las entidades de donde reciben sus ingresos los convivientes, la obligación en que estarán de descontar mensualmente el 30% de los mismos, por "el uso no autorizado del inmueble".
De mantenerse esa situación por tres meses, las retenciones se elevarán al 50% mientras dure la ocupación de la vivienda. El dinero resultado de estas retenciones se ingresará al presupuesto del Estado.
En el caso de elementos de clara conducta antisocial, sin vínculo laboral, que se nieguen a cumplir las disposiciones de la autoridad competente, podrán ser obligados por la fuerza pública a cumplir lo dispuesto.
CONTRA QUIÉNES NO PUEDE EJERCER ESE DERECHO
Esta facultad del propietario de dar por terminada la convivencia no podrá ejercerla contra todas las personas. Hay excepciones: no puede sacar de su casa a sus ascendientes y descendientes, ni a la madre de sus hijos siempre que ella tenga la guarda y cuidado de los mismos y no tuviera otro lugar de residencia.
Tampoco podrá hacerlo contra una madre con hijos menores que lleven tres años o más ocupando el inmueble y no tuvieran otro lugar donde vivir; o ancianos en iguales condiciones.
También la legislación autoriza a los funcionarios competentes a denegar el cese de convivencia en situaciones que constituyan una manifiesta injusticia o un acto inhumano.