GRANMA
28 de Avril 2006
Para aproximar el surco a la tarima
(Primera Parte)
COLECTIVO DE REDACCIÓN NACIONAL DE GRANMA
nacionales@granma.cip.cu 

http://www.granma.cubaweb.cu/2006/04/28/nacional/artic03.html

La producción y la comercialización agrícolas reclaman cambios raigales. La investigación realizada por Granma en torno al tema nos sumergió en las evidentes contradicciones de métodos y estructuras que son propiciadoras del descontrol, burocratización, ineficiencia y perpetuación de problemas que no acaban de encontrar solución.

Durante estas semanas, nuestro Colectivo de Redacción ha conocido numerosos criterios de expertos y son coincidentes las apreciaciones que, desde que se prepara la tierra para cultivar hasta el puesto de venta, debe existir un sistema que posibilite realmente estimular a los productores y proteger a los consumidores y, además, que resuelva la cadena de impagos, que es un elemento muy corrosivo, daña al productor y desmoraliza la gestión estatal.

El control no es solo aumentar planillas de información y reuniones, sino establecer un sistema capaz de garantizar menos estructuras intermedias entre el productor y el mercado y velar sistemáticamente porque se cumpla.

EL QUE MUCHO ABARCA

Las formas de producción agropecuaria se descentralizaron y diversificaron durante el Periodo Especial. Ahora coexisten Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) y las de Producción Agropecuaria (CPA), Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), finca y granja estatales, entre otras.

No es el momento de cuestionarse si lo que se hizo bajo esa coyuntura fue correcto o no, pero lo cierto es que el agricultor por lo general no puede encargarse de comercializar sus cosechas porque lo apremian las tareas del campo, y delega en un representante que puede ser persona natural o jurídica.

En los últimos años las empresas agropecuarias han estado sometidas a cambios estructurales continuos para reducir personal en el sistema de dirección, pero a su vez han asumido funciones que antes no estaban bajo su mando. Ahora deben atender todas las formas de producción del municipio, asumir la comercialización y administrar mercados agropecuarios, algunos de los cuales no están ni en su propio territorio.

En esas nuevas funciones la dirección empresarial ha tenido que emplear más tiempo, personal y especialistas para tratar de controlar todo el proceso productivo hasta el destino final de la mercancía en el agromercado. Esa supuesta integralidad presupone un proceso demasiado abarcador y el que mucho abarca, como dice el refrán, poco aprieta.

En los sistemas productivos a cielo abierto, como en la agricultura, el control consiste en permanecer en contacto directo con las personas bajo su responsabilidad, para observar lo que ocurre, atajar a tiempo los problemas y adoptar medidas con agilidad.

RECURSOS POR ENTREGA DE PRODUCTOS

Otro de los problemas que están gravitando mucho en el sector agrícola es la falta de estimulación con los aseguramientos para producir.

Los medios de trabajo deberían asignarse de acuerdo con la entrega de productos y que los campesinos pudieran adquirirlos en una tienda de Comercio Interior del municipio.

Los agricultores, de cualquier forma de producción, actualmente establecen un contrato de entrega de productos con la empresa agrícola a la que se subordinan. En ese documento solo se consigna lo que deben suministrar para la comercialización, pero no existe un sistema que vincule el aseguramiento de los insumos de acuerdo con la cantidad y calidad de lo acopiado.

En realidad, muchos reconocen que lo adquieren de manera ilícita a partir de lo que se desvía de otros cultivos.

Cuando los productores van a cobrar sus entregas a Acopio o a la empresa agropecuaria, tienen que realizar numerosas gestiones burocráticas, además de que los plazos de pago se extienden, por lo general, más allá de lo acordado, según los testimonios recogidos en varias provincias durante la investigación de Granma.

Los controles a las instituciones y el análisis y las decisiones sobre estos asuntos, motivaron varias ideas, sobre todo en lo relativo a la distribución de algunos recursos.

¿Por qué no establecer un sistema de contratación con los agricultores donde se consignen, aunque sean mínimos, posibles suministros, que pueden recibirse en dependencia del surtido, cantidad de quintales y calidad de productos entregados para la comercialización?

¿Por qué no entregar los insumos de acuerdo con la cantidad de quintales recibidos para vender en los agromercados?

Por ejemplo: cada X quintales de X vianda, hortaliza y fruta que se acopien, el productor podría recibir determinadas cantidades de combustible, lubricantes y otros insumos. Esa distribución puede ser calculada de acuerdo con un índice de gasto promedio aproximado para cada labor agrícola en cada cultivo.

El agricultor requiere roturar la tierra y sembrar, ¿con qué recursos asume hoy esas tareas primarias?

Quizás pudiera ser esta vía de estimulación un factor que permita entregarle al agricultor de manera anticipada, un mínimo de insumos calculados para alistar los suelos y cultivar. Luego, cuando se cumpla con la entrega de los productos para vender en el mercado o para destinarlos al abastecimiento del consumo social, podría valorarse, dentro de las posibilidades, hacer el resto de la asignación.

Al preguntar sobre cómo se pagarían esos recursos, todo el mundo coincidió en señalar que, como seguramente con este método se incrementarían las producciones, los agricultores estarían en condiciones entonces de pagarlos con parte del efectivo acumulado por las ventas.

Varios especialistas también arguyeron criterios en torno a que igualmente debería verse la factibilidad de comenzar a asignar otros aseguramientos imprescindibles en la comercialización, como son pesas digitales u otros accesorios. En este caso, los pagos podrían descontarse y realizarse a plazos que oscilarían en relación con la solvencia económica de los productores.

De la misma manera, recomiendan que se estudie si no sería conveniente que en el caso de los equipos, medios y herramientas requeridos por la producción, la empresa agropecuaria tuviese facultades de descentralizar la mayor cantidad de estos recursos a los productores más eficientes, mediante alguna fórmula de alquiler o arrendamiento.

Con estos métodos no se requerirían, a escala empresarial, muchas instalaciones para estacionar, reparar y proteger equipos de transporte, así como variados tipos de almacenamiento.

Es indudable que mientras menos estructuras existan entre el agricultor y la comercialización,

más se disminuyen los gastos y se evitaría algo peor: fomentar el medio propicio para las sustracciones ilegales, el descontrol, el delito y la corrupción.

Sobre este tema, también algunos expertos coincidieron en sus comentarios y sugerencias en que, por ejemplo, el combustible y lubricantes que se les entregaría a las formas de producción más eficientes no tienen que permanecer almacenados en la empresa, sino que pudieran distribuirse por asignación en la filial de CUPET de la localidad y con esto quizás estemos evitando algunas manifestaciones actuales de desvío. Otros insumos, como fertilizantes y plaguicidas, se pudieran distribuir por la empresa agropecuaria, de forma inmediata, a los agricultores más eficientes y que más lo requieran de acuerdo con las condiciones de suelos y disponibilidades de recursos hídricos de su finca.

Lo mismo podría hacerse con herramientas, ropa y otros medios de trabajo que necesitan los agricultores, asignándolos localmente en una tienda de la dirección de comercio municipal del Poder Popular.

Todas estas medidas evitarían exceso de almacenes en el ámbito rural y facilitarían la disminución del personal administrativo de la empresa agropecuaria

ESTIMULAR DETERMINADOS PRODUCTOS

La necesidad de potenciar el factor estimulación hacia la producción dirigida de algunos productos ha sido otro tema de conversación por varios especialistas en su comunicación con Granma.

Una de las sugerencias más generalizadas es que determinados índices de asignación de recursos para cada cultivo se podrían mover de acuerdo con los productos agrícolas que se requiera estimular en cada etapa del año.

Si escasea una determinada vianda, hortaliza o fruta y son muy solicitadas por la población, podría establecerse una política flexible que permita modificar índices promedio de asignación de recursos contra cosecha, de acuerdo con las necesidades de los consumidores. De esta forma, se preservaría el principio inviolable de estimular al agricultor y proteger al consumidor.

Con estos sistemas dialécticos se podría disponer de mayores ofertas de lo que más necesita la población, lo cual repercutiría positivamente en los precios, que tienden a bajar cuando aumenta la presencia de un producto en venta.

Lo que está cada vez más claro es que como único se pueden bajar los precios a la población es aumentando la producción agrícola, pero también algo puede lograrse si se disminuyen las empresas, instituciones o mecanismos que actúan como intermediarios entre el productor y la comercialización.

Para que se vea en la práctica la influencia de los precios y lo que la población puede adquirir cuando acude a las distintas formas de comercialización, presentamos este estudio que hizo un economista especializado en estos temas (ver tablas).

El Ejército Juvenil del Trabajo con esta política de precios recaudó el año pasado 264 millones de pesos.

Si la misma cantidad y similar calidad de libras con que se recaudaron 264 millones de pesos con los precios del EJT, se hubiera vendido con los precios de las siguientes formas de comercialización, los ingresos por encima serían:

Estas cifras revelan el desembolso adicional que sale del bolsillo de los consumidores por los precios más elevados de venta, en relación con los establecidos por el EJT.

Si la misma cantidad y similar calidad de libras con que se recaudaron 264 millones de pesos en el EJT se hubiese vendido con los precios de las siguientes formas de comercialización, los ingresos por encima serían:

Estas cifras revelan también el gasto adicional que deberían realizar los consumidores de acuerdo con las formas de comercio a las que acuden. (La investigación para aproximar el surco a la tarima terminará en una próxima edición.)

Para aproximar el surco a la tarima (Final)

GRANMA
27 de Avril 2006

Para aproximar el surco a la tarima
(Final)

COLECTIVO DE REDACCIÓNNACIONAL DE GRANMA
nacionales@granma.cip.cu 

http://www.granma.cubaweb.cu/2006/04/28/nacional/artic02.html

Desde el mes de febrero hemos estado tratando varios asuntos de la producción y comercialización agrícolas, cuyo ciclo inicial de reflexiones concluimos hoy.

Debería evaluarse la conveniencia de someter todos los productos agropecuarios al sistema de precios topados y solo excluir de ese sistema los alimentos no básicos para la población.

No pocos criterios nos han hecho llegar expertos en la materia, y hay que decir que todas las opiniones coinciden en señalar que entre los nudos gordianos para aproximar el surco a la tarima, además de los impagos a los productores, están el funcionamiento de Acopio y la necesidad de revisar quién se hace cargo de la comercialización.

Si se fuera a realizar una encuesta y decidiéramos preguntar: ¿Qué usted le exigiría en primer lugar al Ministerio de la Agricultura?, de seguro que el entrevistado responderá: Que produzca muchos alimentos a menor precio.

Si la segunda interrogante de ese sondeo fuera: ¿Cuál es la función esencial de las Direcciones de Comercio? Que comercien con eficiencia, buen trato y protejan al consumidor, contestaría de inmediato.

Sembrar, cosechar, acopiar, comercializar y administrar los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) son una complejidad de tareas para el Ministerio de la Agricultura que no le permite concentrarse en su misión principal, lo cual es aumentar la producción de alimentos con menor costo, tarea bastante difícil, además, cuando son mínimos los recursos y abundan los problemas climáticos.

En todas estas semanas de intercambio de opiniones, una de las preguntas ha sido por qué la responsabilidad de administrar los centros de venta de productos agropecuarios no es subordinada a entidades de las Direcciones de Comercio del Poder Popular, que responden al Gobierno local y su estructura está directamente vinculada a la población.

Aunque, aclaran, debiera hacerse con métodos de trabajo diferentes a los que se aplican actualmente en los llamados Mercados de Oferta y Demanda.

Se parte del fundamento de que las administraciones de los mercados agropecuarios, donde confluirían todos los productores o sus representantes, deberían actuar con independencia, como verdaderas contrapartidas de los concurrentes y como defensores de los consumidores.

La responsabilidad de controlar los centros de venta de productos agropecuarios no requeriría de mucho personal administrativo para minimizar los gastos de la comercialización.

PARA ABAJO Y NO PARA ARRIBA

Otra recomendación importante que señalan los encuestados es que actualmente existen condiciones para que todos los productos agropecuarios estén sujetos al sistema de precios topados aprobados mensualmente por los Consejos de Administración Territorial del Poder Popular y que solamente se excluyan de precios limitados, aquellos alimentos no básicos en el consumo de la población y cuyas cosechas sean en menor escala.

De igual manera, que en el sistema de precios topados debieran incluirse las ventas de hortalizas y condimentos frescos que se realizan en los organopónicos y huertos intensivos de la Agricultura Urbana y en puntos de venta de Comercio.

Para evitar revendedores y no favorecer la especulación, las cantidades de venta de los productos agropecuarios a precios topados deberían ser reguladas por consumidor.

Coincidencias en las opiniones ofrecidas a Granma apuntan a la necesidad de que se examinen, además, los principios en los que se basan los Consejos de la Administración Territorial del Poder Popular para aprobar los precios máximos de los productos agropecuarios.

La práctica hasta ahora revela que no se tienen en cuenta las fichas de costos ramales para cada tipo de producción, ni los niveles salariales de la población de cada provincia o municipio, elementos que son determinantes a la hora de fijar un precio tope.

Y lo cierto es que todo el mundo a la hora de topar el precio, como regla, se va para la escala máxima.

CONSUMO SOCIAL Y REDISTRIBUCION TERRITORIAL

Varios experimentados agricultores concordaron en la apreciación de que las Direcciones de Comercio podrían encargarse territorialmente de orientar a los productores cuáles son los destinos de sus cosechas, tanto las dirigidas para los mercados de precios topados como las destinadas al consumo social, de acuerdo con el criterio de la Agricultura.

Se sugiere a las instancias gubernamentales que se examine la conveniencia de que el MINCIN pueda asumir las redistribuciones territoriales de productos agropecuarios para hacer el balance nacional de acuerdo con lo propuesto por la Agricultura, tarea que realiza actualmente la Unión Nacional de Acopio.

Las funciones actuales de Acopio pudieran ser asumidas por los restantes eslabones de la cadena que parte del surco y llega a la tarima. Así dejaría de existir el intermediario más cuestionado por los agricultores del país.

CERRAR FISURAS EN EL CONSUMO SOCIAL

Otro asunto en que se expresan preocupaciones es en las concepciones actuales para asumir el aporte al consumo social.

El consumo social se ha elevado mucho en los dos últimos años, lo cual sería beneficioso si los alimentos dedicados a ese fin cumplieran su real cometido en todos los casos, pero lamentablemente una parte de esas asignaciones se desvía para medrar con esos productos vendiéndolos en el mercado subterráneo.

En los intercambios con el periódico, se mencionó con preocupación la existencia de casos de centros sociales (como no se realizan controles periódicos), que inflan las plantillas de sus comensales para recibir más alimentos que los necesarios. También ocurre que en la preparación de los comestibles los mejores productos no llegan realmente a sus destinatarios: enfermos, ancianos, niños y adolescentes. Las sustracciones se encubren con adulteraciones que empobrecen la calidad de los suministros dirigidos a los sectores sociales priorizados o a segmentos de la población más necesitada.

De igual modo, se propone examinar el estado actual de las fincas de autoabastecimiento de organismos, organizaciones e instituciones. Debería evaluarse nuevamente si resultan provechosas y si las áreas dedicadas a la producción de alimentos cumplen su función.

¿OFERTA Y DEMANDA?

Cuando en 1994 surgieron los mercados agropecuarios de oferta y demanda, Cuba transitaba por la etapa más difícil del periodo especial, existían otras condiciones en la liquidez financiera de la población. La escasez de alimentos en aquella etapa era muy aguda y los precios en el mercado subterráneo eran astronómicos.

Durante la investigación, se nos planteó en varias oportunidades la posibilidad de eliminar los principios de oferta y demanda de la comercialización agropecuaria, en cuyo nombre tantos desmesura y abuso se cometen con la población y que mayoritariamente han permitido a los intermediarios enriquecerse a costa de las necesidades.

En realidad, esos mercados de libre formación de precios fueron aprobados por un Decreto emitido por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en 1994.

Han pasado cerca de 12 años desde entonces y quizás sería conveniente reflexionar sobre el asunto a la luz de las actuales condiciones económicas del país para encontrar soluciones más adecuadas al complejo mundo de la comercialización agropecuaria.

Por lo pronto, hay una contradicción que resolver. Los que venden en estos mercados a altísimos precios se refugian en el principio de oferta y demanda y gravan considerablemente al ciudadano común, pero para esos mismos vendedores no existe la relación oferta-demanda a la hora de recibir los beneficios sociales de la Revolución.