Juventud Rebelde
April 5, 2006

La libertad de Internet según Bush

Estados Unidos está tratando de convertir en ley un proyecto que le permitiría controlar Internet e incluso cortar el suministro de esta a los países que se oponen a que su soberanía sea violada con la propaganda diversionista

Amaury E. del Valle
informatica@jrebelde.cip.cu

A CubaNews translation. Edited by Walter Lippmann.
http://www.jrebelde.cu/secciones/informatica/2006/html/lalibertad.html

Después de semanas de lucha legal, Google, el sitio de búsquedas en Internet más famoso del mundo, parece haber perdido, al menos en parte, su pelea particular con el gobierno de Estados Unidos para no dar información sobre sus clientes.

Un juez federal negó recientemente una petición del gobierno de Estados Unidos para que la firma entregara datos sobre las palabras clave que sus usuarios utilizan en la red, pero solicitará a la compañía que brinde algunas direcciones electrónicas.

 La polémica surgió cuando el Fiscal General de Estados Unidos, Alberto Gonzales, notificó al gran buscador que debía entregar datos que el gobierno quería para integrar un caso sobre pornografía infantil en Internet.

Sin embargo, detrás de esta polémica más o menos pública se esconden sórdidas intenciones de legalizar el espionaje político que se realiza desde hace años por parte de instituciones gubernamentales de Estados Unidos, e incluso ir más allá, amenazando con cortar la conexión a Internet a aquellos países que el gobierno norteamericano considera que bloquean la «libertad de información».

De hecho, actualmente se debate ya una ley que posibilitaría potencialmente al imperio excluir de la red de redes a millones de personas, a países enteros, solo por ser considerados sus enemigos, algo que se sustenta en el monopolio sobre el control de Internet que tiene Estados Unidos.

ENEMIGOS PÚBLICOS

Desde hace meses el Congreso de Estados Unidos está analizando un proyecto de ley que establece la creación de un organismo especial para combatir la censura de Internet en supuestos regímenes autoritarios de todo el mundo.

La llamada Ley de Libertad Mundial en Internet, presentada ante la Cámara de Representantes por Christopher Cox y Tom Lantos, asignaría 100 millones en los próximos dos años para crear y operar una Oficina de Libertad Mundial de Internet.

Este dinero se invertiría en «preparar y poner en práctica una estrategia global exhaustiva para combatir la interferencia de Internet patrocinada y dirigida por el Estado».

Entre los potenciales enemigos a «atacar» estarían, entre otros, países como China, Laos, Corea del Norte, Arabia Saudita, Siria, Vietnam y por supuesto Cuba.

Lo curioso de todo esto es que esa entidad estaría subordinada nada menos que a la Oficina Internacional de Difusión, del Departamento de Estado norteamericano, que administra emisoras conocidas en todo el mundo por su labor diversionista y subversiva como La Voz de América, Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio Asia Libre.

Además, aun cuando todavía el proyecto no esté oficialmente aprobado, ya se están desarrollando softwares por encargo de instituciones gubernamentales norteamericanas, detrás de las cuales está en buena medida la CIA, para contrarrestar la denominada «censura de Internet».

LA GRAN FARSA

Toda la iniciativa está encaminada a evitar que gobiernos constituidos legalmente combatan la propaganda contra ellos, que en la mayoría de los casos, subvencionados por Estados Unidos, realizan personas o grupúsculos contrarrevolucionarios.

La Casa Blanca se ha propuesto presionar a los gobiernos, si fuera necesario hasta con cortar el acceso a Internet de esos países, para que nadie ponga trabas a la difusión de los mensajes que a ellos les interesan.

No por gusto aparecen en primera línea de la nueva forma solapada de propaganda política subversiva los que el gobierno de Bush denomina como potenciales «enemigos» o integrantes del «eje del mal».

La gran farsa es que Estados Unidos censura sus propias páginas web, mientras está tratando de que nadie le ponga trabas a ellos para decir lo que les venga en gana, o llamar a la subversión y a practicar el asesinato político, como hace en los casos de Cuba y Venezuela.

Así, ya desde el gobierno de Bill Clinton se aprobó una Ley de Reforma de las Telecomunicaciones, que contenía un Acta de Decencia en las Comunicaciones, mediante la cual la Oficina Oval se arrogaba el derecho de decidir quién divulgaba por Internet contenido «indecente» o «inapropiado», términos ambiguos bajo los cuales se englobaba lo mismo a un pederasta que a una voz discordante con la política oficial norteamericana.

Y no fueron supuestos. El Acta de Decencia se ha aplicado y con creces en las más disímiles formas. Si bajo esta, Yahoo! tuvo que cerrar un sitio de subastas de objetos nazis, por otro lado sirvió para clausurar la web de la televisora árabe Al Jazeera, por difundir las imágenes de los soldados norteamericanos muertos por la resistencia iraquí o la de las matanzas de civiles inocentes, incluidos niños, por los criminales bombardeos.

HAZ LO QUE YO DIGO

Haz lo que yo digo y no lo que yo hago parece ser la pauta de la propuesta Ley de Libertad Mundial en Internet, bajo la cual Estados Unidos intenta legalizar su control y censura de la red de redes, un enlace mundial al cual acceden hoy más de mil millones de personas de todos los países, que en el futuro solo podrán leer, ver, oír y hasta escribir lo que le convenga al gobierno norteamericano.

No importa si la censura solapada que impulsa la Administración Bush viola hasta la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana. Parece ser que como dijera Nicholas Jonson, ex comisionado de la Federal Communications Commision (FCC) de Estados Unidos, catedrático, escritor y profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Iowa:

«El gobierno olvida que Internet es el único foro de libre expresión que queda para quienes no contamos con 200 millones de dólares para comprar nuestro propio diario o estación televisiva... A quienes proporcionan el conducto debe estarles vedado censurar el contenido. De otro modo, puede que 260 millones de ciudadanos norteamericanos descubran pronto que su derecho legal a compartir pensamientos controvertidos, ha sido limitado, si acaso, al servicio postal».