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La Habana, viernes 29 de noviembre de 2013. Año 17 / Número 332 ¿Aportar o evadir impuestos? Un trecho remediable entre disciplina e irresponsabilidad Criterios encontrados, montos millonarios y actitudes insensatas, definen la subdeclaración de ingresos en Granma como un flagelo que requiere corrección desde la ley y la conciencia ciudadana Dilbert Reyes Rodríguez GRANMA.— La cifra, aunque millonaria, no es lo más alarmante. Cierto es que 4,7 millones de pesos permitirían hacer un poco más en materia de beneficio social, pues para eso es el dinero recaudado por concepto de impuestos; sin embargo, más llamativa es aún la actitud evasiva de quienes debieron aportar ese monto, que es la cantidad exacta de dinero dejado de pagar en la provincia de Granma por la subdeclaración de más de 1 400 contribuyentes de solo dos de las figuras autorizadas al trabajo no estatal: transportistas y elaboradores-vendedores de alimentos. La magnitud del problema es aún mayor si se toma en cuenta que ese número significa que el 92 % de los trabajadores por cuenta propia (TCP) registrados en estas modalidades, subdeclararon sus ingresos durante el proceso de Declaración Jurada, cerrado el 30 de abril pasado en las sedes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT); un hecho comprobado tras la fiscalización realizada sobre las dos actividades mencionadas. ACTITUDES E INQUIETUDES A nadie sorprende que en el primer año de vigencia de una nueva Ley Tributaria ocurran irregularidades asociadas a ella, máxime cuando fueron tantos los años divorciados de un régimen fiscal objetivo que fertilizara una apropiada cultura en este campo; pero de ahí a la determinación abierta de burlar lo establecido por ley, incorpora otra variante de indisciplina social que necesita ser remediada a tiempo, aunque también con otras conducentes al entendimiento colectivo sobre la importancia universal de los impuestos y los modos de recaudarlos, a fin de superar rápido la mala impresión que parece haber suscitado en algunos. Al menos en Granma, además de la elevada cifra de subdeclarantes, así lo demuestran las más de 7 800 licencias dadas de baja este año por contribuyentes de todas las actividades, muchos de los cuales atribuyen la causa de su cancelación a las cuantías elevadas de la carga tributaria. Obviamente, tras los resultados de la inspección y por las indisciplinas detectadas, sobrevino entonces un proceso individual de notificación de deuda, según el cual "el contribuyente debe pagar el dinero dejado de aportar, más una multa y un recargo por mora", explica Juan Miguel Cabrales, director provincial de la ONAT. Por supuesto que tal medida ahora le duele a muchos, y ha provocado incluso criterios que cuestionan la efectividad de la fiscalización. Sobre el tema, Cabrales argumenta que la ONAT tiene un sistema con personal, métodos y mecanismos para fiscalizar de manera muy certera a cualquier contribuyente. "No es una acción de uno o pocos días, sino que puede durar hasta un año de estudio minucioso". "Tampoco es cuestión de sospecha. En el caso de los transportistas, mediante la fiscalización la ONAT puede conocer con exactitud el promedio de viajes diarios, cantidad de pasajeros, importe real cobrado, y en el caso de los vendedores de alimentos, el precio de los surtidos, el flujo de clientes, las horas de más o menos venta, etc.", señala. En el sondeo entre contribuyentes, muchos alegaron que al proceso le faltó individualización, "pues no se concibe que en una batería de kioscos gastronómicos todos hayan dejado de aportar lo mismo y sean equivalentes las multas", o que, según refieren algunos transportistas, "la deuda calculada sea exactamente el doble de lo que declaré, y eso parece demasiada coincidencia". Otros aluden razones muy analíticas, como las del elaborador-vendedor de alimentos Mario Pelegrín, quien no niega el fenómeno de las subdeclaraciones, y expone cuánto influye en este sentido "la ausencia del anunciado mercado mayorista para los TCP, con precios ventajosos que les permitan adquirir legalmente, con suficiencia y sin recargos, las materias primas que obtenidas por otras vías encarecen los costos". No obstante, vale aclarar que si bien el país habló de la apertura de un mercado mayorista cuando estuvieran creadas las condiciones, su ausencia es una de las razones por las cuales el vendedor de alimentos solo debe justificar la mitad de las materias primas usadas. Por otro lado, habría que preguntar al 8 % que sí pagó en correspondencia con sus ingresos, cuál es la estrategia que les permitió —a pesar de la ausencia de esta opción para adquirir insumos y materias primas— continuar prestando servicios y mantenerse al día en sus obligaciones fiscales. Juan Manuel Arzuaga, expendedor gastronómico, pide considerar con menos uniformidad las tasas, "porque no es igual lo que yo gano aquí, a lo recaudado por los colegas de otros lugares con mayor flujo de personas". En una piquera de la ciudad de Bayamo, un taxista abogó por rescatar el control primario que antes permitía un ticket emitido antes de partir, "que te servía para justificar con exactitud frente a la ONAT, los inspectores, y hasta la policía, los viajes dados, el precio y la cantidad de pasajeros; pero ahora no hay modo de comprobarlo". "Además, es casi un imposible demostrar el por ciento exigido de todos los pagos en los que realmente se incurren para trabajar el carro —por no hablar de gasolina, gomas, motor, viáticos y otros—, a fin de que puedan considerarte el 40 % de lo declarado como gasto; pues muchos de los arreglos y las piezas los resolvemos con otros particulares, que a veces no tienen una patente de respaldo, pero que es donde único encontramos lo que necesitamos". ¿SANCIÓN O SOLUCIÓN? Los criterios esbozaron diferentes ángulos: unos muy objetivos y razonables, dignos de tener en cuenta para el perfeccionamiento; otros más impulsivos y descolocados, lanzados al calor de la multa impuesta. La mayoría habló de excesos en el cálculo de la deuda, dudó de los procedimientos, pero muy pocos negaron haber subdeclarado ingresos. Por tanto, es un hecho que urge colegiar y corregir, pues si por un lado hay que continuar estimulando el trabajo no estatal como vía de dinamizar la economía, lo cierto es que esa misma economía requiere evitar cualquier forma de evasión fiscal. "La extensión del TCP —argumenta Cabrales— surge entre otras causas por la necesidad de crear nuevas oportunidades de empleo, pero lleva aparejada también la obligación de tributar al presupuesto del Estado como un fin económico en beneficio de toda la sociedad. "En consonancia, la administración tributaria no tiene como fin poner multas. Muchos creen eso, pero el propósito real es fomentar una disciplina en la población; que se asuma el pago del tributo como deber ciudadano, como ejercicio consciente, pues de él dependen muchos servicios públicos que el Estado ofrece subvencionados o gratuitos. "Granma, por ejemplo, es una provincia con déficit presupuestario, y los tributos constituyen ingresos importantes para contribuir a equilibrar lo más pronto posible esta relación financiera, conseguir ser un territorio que ingresa más de lo que gasta. "Hay que saber que ese aporte de los TCP es incorporado al presupuesto como ingreso cedido a la provincia, y se usa directamente en sus intereses territoriales", precisa el directivo de la ONAT. Otras aristas espinosas —demasiadas— quedan por valorar para llegar a un juicio lo más cercano posible a la realidad. Nada más mencionemos, por poner un ejemplo, la inconformidad general de la población respecto al encarecimiento en cuatro, cinco, o más veces, de los precios del transporte masivo en vehículos particulares. ¿Acaso estos porteadores pagaron en impuestos la misma diferencia que a los viajeros les ha tocado erogar de sus bolsillos en tan poco tiempo, cuando una ruta, antes de tres pesos ahora vale 20, y una de cinco hoy cuesta 25, en el mismo camión? ¿Qué acápite de gastos podrá registrar la compra real de combustible o de harina para pizzas, si a pesar de las decenas de camiones circulando y los hornos encendidos todo el día, es común que en los servicentros de Granma haya jornadas de cero litros de diésel vendidos, o los comercios autorizados reporten ventas mensuales de apenas cinco toneladas del polvo de trigo? ¿Dónde quedan los ilegales que evaden el fisco, burlando la ley y el trabajo honrado de los cuentapropistas legalmente registrados? Es posible que haya mucho por corregir en los métodos de implementar la nueva ley: que se exploten más el diálogo y la capacitación, que se multiplique la promoción de los deberes fiscales como un acto de alta responsabilidad ciudadana, que la fiscalización sea cada vez más eficiente en su gestión de imponer orden, a la par de sembrar cultura tributaria de un modo creciente; pero sobre todo, es vital que en ese empeño cada actor participe sin trampas, sin evasiones, sin complicidades y con total transparencia a fin de avanzar más rápido, tanto hacia una economía capaz de sostener nuestras conquistas sociales, como hacia la elevación de la talla moral y cívica del cubano. |