Conociendo parte del trabajo que compete a la Oficina Nacional de Normalización, he llegado a la conclusión de que, cualquier nuevo modelo económico en nuestro país, debe pasar por la revitalización de su trabajo y potenciar su autonomía, la que en los años 80 del pasado siglo funcionó como Comité Estatal de Normalización.

Son variadas en estas páginas las quejas de la población por incumplimientos que son competencia de esta entidad y que con el transcurrir del tiempo se han ido perdiendo. Solo señalaré, a modo de ejemplo, lo que dice el tercer POR CUANTO del Decreto Ley 183, conocido como "Ley de la Metrología", firmado por nuestro Comandante en Jefe en febrero de 1998: "Se hace necesario proteger a los ciudadanos de los dañinos efectos de las mediciones incorrectas y del uso de medios de medición no apropiados en actividades relacionadas con las transacciones comerciales, la salud pública, el medio ambiente, la seguridad técnica, usos postales y legales y otras de interés público".

Las páginas de Granma han sido tribuna para denunciar problemas relacionados, fundamentalmente, con el pesaje de productos, pero cabe preguntarse también, ¿puede haber control interno sin tenerse certeza de que los medios utilizados para las mediciones estén "Aptos para su Uso"? ¿Puede ser "eficiente" una empresa donde sus medios pueden estar rotos, alterados o simplemente no son los adecuados, y por ello reportan mayores producciones, que luego terminan en expedientes de ajustes en sus almacenes? Sin Aseguramiento Metrológico no hay control y para exigirlo se requiere de una organización rectora fuerte.

Fue nuestro Che Guevara, con su pensamiento económico, el precursor de la integración de nuestro País a la Organización Internacional de Normalización (ISO) en los primeros años de nuestra revolución. Se ha conocido en Cuba una amplia bibliografía con experiencias derivadas de la aplicación en el mundo de las Normas de Gestión de la Calidad de esa Organización, conocidas como ISO 9000. En nuestro propio país hay ejemplos que permiten avalar la validez de estas, entonces ¿por qué no es obligatoria su aplicación en todas nuestras entidades o por lo menos, se exige su implantación en las que producen fondos exportables?

En mi opinión, hemos perdido tiempo aplicando el Perfeccionamiento Empresarial que, de haberlo dedicado a la implantación de las ISO, el avance hubiera sido superior. No es porque el Perfeccionamiento sea malo, sino porque los Sistemas de Gestión de las ISO acumulan la experiencia del mundo, sobre todo desarrollado, y se ha ido perfeccionando en el tiempo y adecuándose a diferentes situaciones, cosa que nuestro Sistema de Perfeccionamiento no ha tenido. Muchas personas con las que he intercambiado, conocedoras de las ISO, piensan de esta misma forma.

La Oficina Nacional de Normalización es también rectora de la calidad y de la estandarización de equipos, dos cosas en las que, a mi modo de ver, aunque se ha avanzado, nos falta mucho camino por recorrer.

Debo reconocer de esta Oficina la preparación técnica y profesional que siempre ha mantenido con su personal, tanto dentro del país como en el extranjero, algo a imitar. También es justo hacer mención a esos técnicos que, con grandes conocimientos y poco estímulo salarial, se han mantenido firmes en sus puestos de trabajo sin dejar caer la bandera de la calidad, la metrología y la normalización, sinónimos todas de eficiencia.

Soy asiduo lector del diario Granma y de la Sección Cartas a la Dirección, aun cuando es anémica en respuestas a las inquietudes por parte de los implicados, la veo como un medio para el debate popular de lo que más nos afecta en el ámbito subjetivo.

Sobre las multas he tenido la oportunidad de leer dos opiniones y un hecho reciente me convoca a seguir por su laberinto.

El Decreto No. 272/2001 "Sobre el Ordenamiento Territorial y Urbanístico" es el fundamento legal tras el cual se amparan los inspectores de los organismos implicados para cometer innumerables injusticias, dado a mi modo de ver por lo improcedente que resulta la redacción del Art. 24. Sección II del antes mencionado decreto y cito: contra la medida impuesta por las autoridades facultadas se podrá establecer recurso de apelación ante el Jefe inmediato superior de la autoridad que impuso la medida. El recurso se interpondrá dentro del término de tres días hábiles siguientes a su notificación (invalidante para reclamar de incumplirse, explícito en la citada ley) y se resolverá dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de impuesto (no invalidante para el reclamado de incumplirse por no estar explícito en la ley). Para la admisión del recurso, será requisito haber abonado la multa o firmado contrato de pago con la oficina correspondiente. Contra lo resuelto no cabe ningún recurso ni procedimiento en la vía administrativa ni judicial.

Lo expresado anteriormente lo fundamenta el siguiente ejemplo: el 19 de mayo del presente el inspector Jorge Luis Varga, perteneciente al Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades de la Dirección Municipal de la Vivienda de Taguasco, se personó en la casa de mi mamá y manifestó que recibió una denuncia y que tenía que imponer una multa. ¿La denuncia se resuelve imponiendo una multa para satisfacer al denunciante? O hay que analizar el fundamento de la denuncia, las causas y condiciones, la conducta social y revolucionaria del denunciante y denunciado, y las implicaciones que en el ámbito moral tal actuación puede provocar.

Mi hermana, a cargo de mi mamá que tiene 82 años, asumió la multa y en el término y circunstancias que establece la ley reclamó la misma cumpliendo todas las formalidades, a la que le agregaron una que no exige la ley, consistente en abonar un sello de 10 pesos.

En tres ocasiones, mi hermana o su hijo se personaron en la DMV indagando por el fallo y siempre recibió una evasiva, vencido ya el término que establece el art. 24 se personó otro inspector que tuvo que venir en dos ocasiones, al parecer porque no estaba claro de la tarea que debía cumplir.

¿Cómo es posible que exista una ley donde un inspector impone una multa y otro inspector la investigue, si dado el caso mañana el inspector investigador se convierte en inspector investigado?, si esa facultad es dada al Jefe del que impuso la medida.

El 1ro. de agosto me personé en dicha DMV y exigí la Resolución del fallo, después de decirme la Directora Jurídica que ¿para qué yo quería la resolución si la misma no era apelable ni en lo administrativo ni lo jurídico?, a lo que le respondí que es un derecho ciudadano que nadie puede violar y porque lo que no tiene apelación en lo jurídico o administrativo tiene al menos una reclamación en lo ético y moral. Después de dos horas de dilación, me la entregaron.

Pregunto:

1. La extemporaneidad: ¿Es dada en términos de la ley solo al reclamante o también al reclamado? ¿Si el reclamante no cumple los términos pierde el derecho a reclamar y si el reclamado no lo cumple qué pasa? ¿A quién dirigirse?

2. ¿Puede un Decreto que tanto impacto tiene en la sociedad ponerse en manos de autoridades incompetentes e insensibles?

3. ¿Cuando no se tiene derecho legal y/o administrativo se pierde también el derecho a denunciar el maltrato y la falta de ética profesional?

Consulté a la Fiscalía para denunciarlos por transgredir la legalidad y me dijeron que eso es una violación administrativa. ¿Transgredir la ley por una autoridad facultada para impartir justicia es una violación administrativa?

El art. 127 de la Constitución de la República distingue a la Fiscalía como el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos. Parece que en Taguasco es solo para los ciudadanos. ¿Es administrativo o competencia de la Fiscalía?

El revendedor es parte del entorno de todas nuestras cadenas de tiendas, ese personaje que tiene todo aquello que está en falta dentro de la tienda y que ofrece su amplia gama de mercancías con total desenfado en presencia de todos.

Si Ud. va al mercado de 70, en Playa, afuera le ofrecen comida, equipos, etc., etc.

Si va a Carlos III, muebles, equipos, colchones de marca, jacuzzis, etc., etc.

Si va a una tienda de autopartes, le ofrecen de todo.

A pesar de que la actual política estatal de eliminar las restricciones a la venta de equipos electrodomésticos y de computación les va cerrando el campo, queda todo un ejército de esos personajes medrando con las necesidades de la población y viviendo sin trabajar.

Hace unos días, sin ir más lejos, he visitado las ferreterías de Palco, Náutico y 42 y 1ª, y a pesar de que en ninguna de ellas hay cemento blanco, afuera lo ofertan en la cantidad que quiera aquel que lo necesite y pague los precios que exigen.

No lo fabrican. Es robado al Estado.

Luego entonces, ¿por qué se sigue permitiendo? ¿Por qué vemos a estos personajes ofertando delante de los agentes de Orden Público sin ningún recato?

Puedo aseverar que he visto hasta a una pareja de agentes del Orden pasar delante de aquellos que pregonan sus mercancías sin la menor ocupación por el tema. ¿No se puede solucionar este problema que ofende y corrompe?

Ellos no están ocultos, y es en verdad una vergüenza que esto siga pasando. ¿hasta cuándo?

En la red de tiendas TRD, Panamericanas, Caracol , etc., de Santiago de Cuba no existen a la venta bombas de agua, popularmente conocidas como turbinas. Las mismas fueron retiradas en el 2006, al comenzar la Revolución Energética.

Para los que vivimos en altos nos es complicado acceder al agua, aún luego de la rehabilitación hidráulica de la ciudad.

Creo que se puede hacer, como ya están a la venta equipos acondicionadores de aire, equipos de parrillada, etc., que incluso son más consumidores de energía.