No considero atinada la opinión
de entregar las panaderías en arrendamiento a
los trabajadores. Tampoco pienso que ello
elimine el robo.
Parecería que el robo en las
panaderías está generado por el carácter de la
propiedad. La propiedad privada ha engendrado
todo tipo de robos y tiene título de campeona en
diversas modalidades empezando por el robo más
sutil de todos, el de la explotación del hombre
por el hombre. Dentro de las cooperativas de
todo tipo incluidas las familiares y en todas
partes del mundo y en todo tipo de negocios
existe el robo. Entre compradores y vendedores
desde épocas muy remotas hasta nuestros días
existe el robo y el engaño.
La política de arrendamientos la
interpreto y la comprendo fundamentalmente
dirigida a facilitar el empleo y garantizar
servicios o producciones que el Estado no puede
satisfacer como es necesario, pero ese no es el
caso de la red de panaderías que existe a lo
largo y ancho del país en la que el Estado ha
hecho cuantiosas inversiones, empleando un
numeroso contingente laboral de manera estable,
ofertando un alimento de primera necesidad con
harina de importación aun en las condiciones
económicas más difíciles, entre ellas este largo
periodo especial que no sé si alguien sabe
cuándo terminará, tomando en consideración la
grave situación de crisis internacional y de la
producción y comercio de alimentos.
No niego que pueda estudiarse y
poner en producción panaderías no estatales allí
donde pueda ser aconsejable por múltiples
razones y que ello beneficie al Estado y a los
consumidores, pero estoy convencido de que la
producción de pan en establecimientos estatales,
si actuamos como es debido, puede ser mejor, más
segura y beneficiosa que otras.
Por último digo, si yo fuera
panadero protestaría enérgicamente por los
calificativos de ladrón esgrimidos contra un
sector que, como todos, debe elevar su trabajo a
niveles superiores y tiene potencialidades para
lograrlo en condiciones socialistas de
producción.
No nos deslumbremos con las
modalidades de la producción y los servicios por
cuenta propia y otras formas no estatales como
nos deslumbró en su momento la producción
estatal y el socialismo, todo va a requerir del
perfeccionamiento inteligente de nuestra
sociedad socialista en su conjunto sin
despreciar la propiedad de los pequeños
productores, los arrendatarios y otros que
integran nuestro sistema económico y la
dedicación y esfuerzos necesarios para avanzar
sistemáticamente en la satisfacción de nuestras
necesidades materiales y espirituales.
J. Bernal Camero
Una opinión sobre las
notarías
En el pasado mes de agosto,
Granma publicó la opinión de un lector
relativa al trato informal e irrespetuoso de que
fue objeto en la Notaría de Alamar, ocasión que
aprovechó para poner de forma general el dedo
sobre la llaga, al inquirir: ¿Cómo vamos a
garantizar en un futuro cercano los trámites que
se avecinan a través de notarías y de los que se
ha hablado en los Acuerdos del Sexto Congreso
del Partido?
Habida cuenta que las notarías
prestan un conjunto de servicios indispensables
en el ordenamiento social, vuelvo sobre el tema
partiendo de las premisas siguientes:
Desde hace muchos años, la
demanda de servicios notariales rebasa con
creces las capacidades habilitadas; al punto de
que, normalmente, se hace necesario "marcar la
cola" de un día para otro, noche incluida, si se
pretende solicitar un servicio.
Los asuntos contratados por la
población en los Bufetes Colectivos, que
requieren de algún servicio notarial para ser
llevados a feliz término, se dilatan más allá de
lo razonable, con la consiguiente afectación a
los ciudadanos y a los propios abogados.
La remuneración de los notarios
no se corresponde, ni remotamente, con el
volumen, complejidad e importancia del trabajo
que desempeñan.
Aún si obviáramos el "pico" de
trámites que se avecinan, la nueva política
estatal para la transmisión de propiedades,
generará un incremento estable de la demanda de
servicios notariales.
Entonces, me pregunto:
¿Por qué a los notarios no se
les retribuye, a tenor del "pago por resultados",
una fracción de la tarifa de cada asunto
concluido?
¿Por qué a los notarios no se
les garantiza, como componente del salario, una
cantidad fija por concepto de "consultas"?
¿Por qué no se incrementan y
flexibilizan las oportunidades de habilitación a
los profesionales del Derecho, para crear una
reserva potencial?
¿Por qué no se habilita a los
abogados de los Bufetes Colectivos, que así lo
deseen, para que puedan brindar servicios como
abogados y notarios?
E. de J. Martínez Martínez
Una buena discusión del
personal médico
Soy paciente del policlínico
docente Antonio Pulido Humaran del Consejo de
Arroyo Arenas en La Lisa y durante mi visita al
mismo por problemas de salud, ya que padezco de
una patología digestiva y de hipertensión
arterial, pude conocer de la carta del 23 de
septiembre en el periódico Granma
titulada "Enfrentar lo incorrecto en la
asistencia médica", ya que coincidentemente se
estaba discutiendo con trabajadores de servicio,
donde se repudiaba un hecho incorrecto por parte
de un médico que olvidó su razón de ser como
profesional de la salud revolucionaria y el
humanismo que siempre han caracterizado a los
médicos de nuestra Revolución.
Me llamó la atención cómo se
discutía con fuerza y se denunciaba lo
incorrecto de este proceder, y cómo entre las
opiniones que se daban se planteaba el esfuerzo
que hace nuestra Revolución y el Ministerio de
Salud Pública para poner los servicios del
policlínico en manos del pueblo y acercarlos a
la comunidad, estos que un día estaban a nivel
de hospitales y que hoy a más del 90 % se puede
acceder visitando estas áreas de salud; también
cómo los profesionales de este sector hacen un
esfuerzo por brindar lo mejor de sí a pesar de
los problemas económicos, de transporte, de
algunos recursos que escasean, pero que el más
importante de los recursos es el amor con que se
brindan los servicios en este policlínico.
Invito a que visiten este
policlínico que se encuentra en el municipio de
La Lisa y puedan ver con sus propios ojos cómo
da gusto estar allí, siempre lo ha caracterizado
la limpieza del mismo, la cultura del detalle,
la limpieza de sus consultas y servicios, el
buen trato de los médicos, enfermeras y técnicos,
he visto con mis propios ojos cómo luchan contra
la muerte todos los días y la amabilidad con que
tratan de curar nuestros problemas. Este
policlínico en el mes de abril de este año, fue
declarado colectivo moral y es digno reconocer
que esta es la medida por la cual debemos medir
la salud de nuestra Revolución, lo incorrecto se
denuncia con fuerza, basta ya de seguir
arrastrando actitudes negativas en este sector,
nuestro pueblo demanda de la salud mucho
humanismo y solidaridad, pero también
responsabilidad de los administrativos que
dirigen estas instituciones, que son los que
tienen que velar por que funcionen y cumplan con
su razón de ser que es dar salud al pueblo.
Coincido con la compañera que
hizo la denuncia de lo sucedido en el
policlínico de Capdevila, en el hecho de que
sancionar no es la solución, sino educar; pero
estos son tiempos que hay que ser enérgicos y
denunciar lo incorrecto, incluso sancionar si
eso repara el mal de raíz, además de cambiar
todo lo que deba ser cambiado, pero más que eso
defender con energía y mucho valor lo que la
Revolución ha puesto en manos del pueblo.
M. González Biñottez
Violaciones urbanísticas y
sus responsables
Mucho se ha escrito y se sigue
escribiendo en la prensa sobre las ilegalidades
constructivas en nuestros pueblos y ciudades;
pero nunca se ha planteado que los únicos
responsables de esas violaciones por permitir en
unos casos y por autorizar en otros, son las
propias oficinas de Planificación Física y las
dependencias del sistema de Vivienda.
En esas oficinas radican los
inspectores que durante décadas han estado
cobrando un salario para no permitir esas
violaciones. También los gobiernos municipales
tienen su responsabilidad porque en sus
reuniones de chequeo solo exigen cantidad de
multas impuestas y no de obras paralizadas por
violaciones. Llevo años visitando la playa de
Santa María y parqueando en el parqueo donde se
situaba un mini-restaurante en divisa llamado
Don Pepe, que estaba mal microlocalizado ya que
lo construyeron sobre el asfalto limitando el
área de parqueo. En este verano demolieron dicho
mini-restaurante para construir otro con mayor
superficie de construcción, al parecer
autorizado por todos los organismos competentes
y con su respectiva licencia de construcción.
Con tanto terreno libre que rodea este hermoso
parqueo ¿por qué se autoriza a reducir la
capacidad del parqueo impidiendo que los que
frecuenten esa área de la playa durante años
tengan que dirigirse a otra zona porque este no
tiene capacidad.
Hablamos de urbanismo pero esta
solución arquitectónica niega y destruye el
urbanismo que deseamos recuperar y más en una
zona turística.
M. Álvarez
La metrología y normalización
son imprescindibles en la actualización del
modelo económico
Conociendo parte del trabajo que
compete a la Oficina Nacional de Normalización,
he llegado a la conclusión de que, cualquier
nuevo modelo económico en nuestro país, debe
pasar por la revitalización de su trabajo y
potenciar su autonomía, la que en los años 80
del pasado siglo funcionó como Comité Estatal de
Normalización.
Son variadas en estas páginas
las quejas de la población por incumplimientos
que son competencia de esta entidad y que con el
transcurrir del tiempo se han ido perdiendo.
Solo señalaré, a modo de ejemplo, lo que dice el
tercer POR CUANTO del Decreto Ley 183, conocido
como "Ley de la Metrología", firmado por nuestro
Comandante en Jefe en febrero de 1998: "Se hace
necesario proteger a los ciudadanos de los
dañinos efectos de las mediciones incorrectas y
del uso de medios de medición no apropiados en
actividades relacionadas con las transacciones
comerciales, la salud pública, el medio
ambiente, la seguridad técnica, usos postales y
legales y otras de interés público".
Las páginas de Granma han sido
tribuna para denunciar problemas relacionados,
fundamentalmente, con el pesaje de productos,
pero cabe preguntarse también, ¿puede haber
control interno sin tenerse certeza de que los
medios utilizados para las mediciones estén
"Aptos para su Uso"? ¿Puede ser "eficiente" una
empresa donde sus medios pueden estar rotos,
alterados o simplemente no son los adecuados, y
por ello reportan mayores producciones, que
luego terminan en expedientes de ajustes en sus
almacenes? Sin Aseguramiento Metrológico no hay
control y para exigirlo se requiere de una
organización rectora fuerte.
Fue nuestro Che Guevara, con su
pensamiento económico, el precursor de la
integración de nuestro País a la Organización
Internacional de Normalización (ISO) en los
primeros años de nuestra revolución. Se ha
conocido en Cuba una amplia bibliografía con
experiencias derivadas de la aplicación en el
mundo de las Normas de Gestión de la Calidad de
esa Organización, conocidas como ISO 9000. En
nuestro propio país hay ejemplos que permiten
avalar la validez de estas, entonces ¿por qué no
es obligatoria su aplicación en todas nuestras
entidades o por lo menos, se exige su
implantación en las que producen fondos
exportables?
En mi opinión, hemos perdido
tiempo aplicando el Perfeccionamiento
Empresarial que, de haberlo dedicado a la
implantación de las ISO, el avance hubiera sido
superior. No es porque el Perfeccionamiento sea
malo, sino porque los Sistemas de Gestión de las
ISO acumulan la experiencia del mundo, sobre
todo desarrollado, y se ha ido perfeccionando en
el tiempo y adecuándose a diferentes
situaciones, cosa que nuestro Sistema de
Perfeccionamiento no ha tenido. Muchas personas
con las que he intercambiado, conocedoras de las
ISO, piensan de esta misma forma.
La Oficina Nacional de
Normalización es también rectora de la calidad y
de la estandarización de equipos, dos cosas en
las que, a mi modo de ver, aunque se ha
avanzado, nos falta mucho camino por recorrer.
Debo reconocer de esta Oficina
la preparación técnica y profesional que siempre
ha mantenido con su personal, tanto dentro del
país como en el extranjero, algo a imitar.
También es justo hacer mención a esos técnicos
que, con grandes conocimientos y poco estímulo
salarial, se han mantenido firmes en sus puestos
de trabajo sin dejar caer la bandera de la
calidad, la metrología y la normalización,
sinónimos todas de eficiencia.
J. R. Reynaldo Sánchez
Por el laberinto de las
multas y los procedimientos
Soy asiduo lector del diario
Granma y de la Sección Cartas a la Dirección,
aun cuando es anémica en respuestas a las
inquietudes por parte de los implicados, la veo
como un medio para el debate popular de lo que
más nos afecta en el ámbito subjetivo.
Sobre las multas he tenido la
oportunidad de leer dos opiniones y un hecho
reciente me convoca a seguir por su laberinto.
El Decreto No. 272/2001 "Sobre
el Ordenamiento Territorial y Urbanístico" es el
fundamento legal tras el cual se amparan los
inspectores de los organismos implicados para
cometer innumerables injusticias, dado a mi modo
de ver por lo improcedente que resulta la
redacción del Art. 24. Sección II del antes
mencionado decreto y cito: contra la medida
impuesta por las autoridades facultadas se podrá
establecer recurso de apelación ante el Jefe
inmediato superior de la autoridad que impuso la
medida. El recurso se interpondrá dentro del
término de tres días hábiles siguientes a su
notificación (invalidante para reclamar de
incumplirse, explícito en la citada ley) y se
resolverá dentro del término de quince días
hábiles siguientes a la fecha de impuesto (no
invalidante para el reclamado de incumplirse por
no estar explícito en la ley). Para la admisión
del recurso, será requisito haber abonado la
multa o firmado contrato de pago con la oficina
correspondiente. Contra lo resuelto no cabe
ningún recurso ni procedimiento en la vía
administrativa ni judicial.
Lo expresado anteriormente lo
fundamenta el siguiente ejemplo: el 19 de mayo
del presente el inspector Jorge Luis Varga,
perteneciente al Grupo de Enfrentamiento a las
Ilegalidades de la Dirección Municipal de la
Vivienda de Taguasco, se personó en la casa de
mi mamá y manifestó que recibió una denuncia y
que tenía que imponer una multa. ¿La denuncia se
resuelve imponiendo una multa para satisfacer al
denunciante? O hay que analizar el fundamento de
la denuncia, las causas y condiciones, la
conducta social y revolucionaria del denunciante
y denunciado, y las implicaciones que en el
ámbito moral tal actuación puede provocar.
Mi hermana, a cargo de mi mamá
que tiene 82 años, asumió la multa y en el
término y circunstancias que establece la ley
reclamó la misma cumpliendo todas las
formalidades, a la que le agregaron una que no
exige la ley, consistente en abonar un sello de
10 pesos.
En tres ocasiones, mi hermana o
su hijo se personaron en la DMV indagando por el
fallo y siempre recibió una evasiva, vencido ya
el término que establece el art. 24 se personó
otro inspector que tuvo que venir en dos
ocasiones, al parecer porque no estaba claro de
la tarea que debía cumplir.
¿Cómo es posible que exista una
ley donde un inspector impone una multa y otro
inspector la investigue, si dado el caso mañana
el inspector investigador se convierte en
inspector investigado?, si esa facultad es dada
al Jefe del que impuso la medida.
El 1ro. de agosto me personé en
dicha DMV y exigí la Resolución del fallo,
después de decirme la Directora Jurídica que
¿para qué yo quería la resolución si la misma no
era apelable ni en lo administrativo ni lo
jurídico?, a lo que le respondí que es un
derecho ciudadano que nadie puede violar y
porque lo que no tiene apelación en lo jurídico
o administrativo tiene al menos una reclamación
en lo ético y moral. Después de dos horas de
dilación, me la entregaron.
Pregunto:
1. La extemporaneidad: ¿Es dada
en términos de la ley solo al reclamante o
también al reclamado? ¿Si el reclamante no
cumple los términos pierde el derecho a reclamar
y si el reclamado no lo cumple qué pasa? ¿A
quién dirigirse?
2. ¿Puede un Decreto que tanto
impacto tiene en la sociedad ponerse en manos de
autoridades incompetentes e insensibles?
3. ¿Cuando no se tiene derecho
legal y/o administrativo se pierde también el
derecho a denunciar el maltrato y la falta de
ética profesional?
Consulté a la Fiscalía para
denunciarlos por transgredir la legalidad y me
dijeron que eso es una violación administrativa.
¿Transgredir la ley por una autoridad facultada
para impartir justicia es una violación
administrativa?
El art. 127 de la Constitución
de la República distingue a la Fiscalía como el
órgano del Estado al que corresponde, como
objetivos fundamentales, el control y la
preservación de la legalidad, sobre la base de
la vigilancia del estricto cumplimiento de la
Constitución, las leyes y demás disposiciones
legales, por los organismos del Estado,
entidades económicas y sociales y por los
ciudadanos. Parece que en Taguasco es solo para
los ciudadanos. ¿Es administrativo o competencia
de la Fiscalía?
E. del Sauzal Ramos
¿Hasta cuándo los
revendedores?
El revendedor es parte del
entorno de todas nuestras cadenas de tiendas,
ese personaje que tiene todo aquello que está en
falta dentro de la tienda y que ofrece su amplia
gama de mercancías con total desenfado en
presencia de todos.
Si Ud. va al mercado de 70, en
Playa, afuera le ofrecen comida, equipos, etc.,
etc.
Si va a Carlos III, muebles,
equipos, colchones de marca, jacuzzis, etc.,
etc.
Si va a una tienda de autopartes,
le ofrecen de todo.
A pesar de que la actual
política estatal de eliminar las restricciones a
la venta de equipos electrodomésticos y de
computación les va cerrando el campo, queda todo
un ejército de esos personajes medrando con las
necesidades de la población y viviendo sin
trabajar.
Hace unos días, sin ir más lejos,
he visitado las ferreterías de Palco, Náutico y
42 y 1ª, y a pesar de que en ninguna de ellas
hay cemento blanco, afuera lo ofertan en la
cantidad que quiera aquel que lo necesite y
pague los precios que exigen.
No lo fabrican. Es robado al
Estado.
Luego entonces, ¿por qué se
sigue permitiendo? ¿Por qué vemos a estos
personajes ofertando delante de los agentes de
Orden Público sin ningún recato?
Puedo aseverar que he visto
hasta a una pareja de agentes del Orden pasar
delante de aquellos que pregonan sus mercancías
sin la menor ocupación por el tema. ¿No se puede
solucionar este problema que ofende y corrompe?
Ellos no están ocultos, y es en
verdad una vergüenza que esto siga pasando. ¿hasta
cuándo?
J. C. Amor
Necesidad de poner a la venta
bombas de agua (turbinas) en Santiago de Cuba
En la red de tiendas TRD,
Panamericanas, Caracol , etc., de Santiago de
Cuba no existen a la venta bombas de agua,
popularmente conocidas como turbinas. Las mismas
fueron retiradas en el 2006, al comenzar la
Revolución Energética.
Para los que vivimos en altos
nos es complicado acceder al agua, aún luego de
la rehabilitación hidráulica de la ciudad.
Creo que se puede hacer, como ya
están a la venta equipos acondicionadores de
aire, equipos de parrillada, etc., que incluso
son más consumidores de energía.
A. J. Fernández Costa