La reforma del modelo económico cubano

Causas y perspectivas

Salim Lamrani

Confrontada a las sanciones económicas que Estados Unidos impone desde hace más de medio siglo, a la crisis financiera global y a un recurrente problema de productividad, Cuba se encuentra en la obligación de reformar en profundidad su sistema socioeconómico para preservar sus conquistas sociales y su modo de vida. Si los factores externos explican en parte las dificultades a las cuales se halla confrontada la sociedad cubana, resulta imposible eludir las responsabilidades internas. Como subrayó el presidente cubano Raúl Castro durante el IX Congreso de la Unión de los Jóvenes Comunistas el 4 de abril de 2010, “la batalla económica constituye hoy, más que nunca, la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social”.[1] Algunos meses después, el 18 de diciembre de 2010, en una intervención ante el Parlamento cubano, Raúl Castro tuvo un discurso más alarmista y puso al gobierno y a los ciudadanos frente a sus responsabilidades: “O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos”.[2] El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, aprobó este análisis y brindó su apoyo al proceso de actualización del modelo económico.[3] La alternativa es sencilla: el modelo económico cubano debe experimentar urgentemente cambios estructurales y conceptuales profundos so pena de desmoronamiento.

Los factores externos

El principal obstáculo para el desarrollo económico del país siguen siendo las sanciones económicas que Washington impone de modo unilateral a La Habana desde julio de 1960, las cuales afectan a todas las categorías sociales de la población cubana y en especial a las más vulnerables. Unánimemente condenadas por decimonovena vez consecutiva por 187 países en octubre de 2010, durante la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las sanciones económicas, además de impedir todo comercio sustancial entre las dos naciones (salvo algunas materias primas alimenticias desde 2000), revisten también un carácter retroactivo y extraterritorial. En efecto, desde la adopción de la Ley Torricelli en 1992, de la Ley Helms-Burton en 1996, así como de las nuevas restricciones que impuso la administración Bush en 2004 y 2006, el comercio con terceros países se halla fuertemente afectado.[4]

Así, desde 1992, a toda embarcación que entra en un puerto cubano se le prohíbe entrar a Estados Unidos durante seis meses, lo que origina un sobreprecio importante para Cuba, que depende esencialmente del transporte marítimo por su insularidad. Del mismo modo, desde 1996 todo empresario que invierte en Cuba en las tierras nacionalizadas en 1959 corre el riesgo de ver sus haberes congelados en Estados Unidos. Por otra parte, por ejemplo, desde 2004, cualquier constructor de automóviles, sea cual fuere su nacionalidad, debe demostrar al Departamento del Tesoro que sus productos no contienen un solo gramo de níquel cubano para poder venderlos en el mercado estadounidense. Sucede lo mismo para todas las empresas agroalimentarias que desean entrar en mercado estadounidense. Danone, por ejemplo, tendrá que demostrar que sus productos no contienen ninguna materia prima cubana. Estas medidas retroactivas y extraterritoriales privan así a la economía cubana de numerosos capitales y a las exportaciones cubanas de numerosos mercados en todo el mundo.[5]

Por otro lado las crisis económica, financiera, energética, alimentaria y medioambiental han tenido un impacto desastroso en los países en desarrollo en general y particularmente en Cuba. La subida de los precios de las materias primas alimenticias, cuyo precio se ha duplicado desde 2007 y de las cuales depende la Isla a la altura del 83%, así como la bajada del precio de los recursos minerales que Cuba exporta (como el níquel, cuyo precio bajó más del 50%) han desequilibrado la balanza de pagos y han reducido fuertemente la liquidez disponible. Así, entre 1997 y 2009, Cuba sufrió una pérdida neta de más de 10.000 millones de dólares por la degradación de los términos del intercambio y vio su poder adquisitivo reducirse en un 15%. Por otra parte, a Cuba se le prohíbe todo acceso a los financiamientos externos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, debido a las sanciones económicas. Los cubanos del exterior, en particular de Estados Unidos, han reducido el monto de sus remesas hacia la isla por la recesión económica. Los ingresos del turismo también han bajado por los mismos motivos.[6]

A ello se agregan las catástrofes naturales –16 ciclones en total– las cuales, entre 1998 y 2008 causaron daños por un importe superior a 20.000 millones de dólares[7]. Así, el huracán Gustav que golpeó el Caribe a finales del mes de agosto de 2008 tuvo un costo material dramático. Las provincias de Pinar del Río, Matanzas y de la Isla de la Juventud ofrecieron un espectáculo de ruina y desolación. De las 25.000 viviendas que tiene la Isla de la Juventud, 20.000 resultaron parcial o totalmente destruidas. Cerca del 45% de las casas de Pinar del Río, o sea 102.000, fueron gravemente afectadas. Fidel Castro comparó los daños que causó el ciclón a “un ataque nuclear”.[8] Por su parte, el huracán Ike de septiembre de 2008 destruyó, entre otras cosas, 323.000 viviendas, 700.000 toneladas de alimentos, una gran parte de la infraestructura eléctrica y las reservas de agua potable.[9] Por otra parte, las irregulares precipitaciones entre noviembre de 2008 y junio de 2010 afectaron a los cultivos agrícolas y redujeron las posibilidades de exportaciones de algunas materias primas alimenticias (tabaco, ron, azúcar). [10]

Todos estos factores han llevado a las autoridades a bloquear las transferencias financieras hacia el exterior a partir de 2008 con el fin de evitar la fuga de capitales extranjeros. La Habana también ha tenido que volver a negociar su deuda frente a las dificultades de pago. En cuanto al crecimiento, fue de un 2,1% para el año 2010.[11]

Los factores internos

Desde un punto de vista nacional varios factores –de los cuales una parte sustancial está en relación directa con el estado de sitio que impone Estados Unidos– han de ponerse de relieve tales como la burocracia, la corrupción a nivel intermediario –y a veces al más alto nivel– de la estructura estatal que engendra un reforzamiento del mercado paralelo, la falta de debate crítico, la débil productividad, la hipertrofia del sector público, la producción insuficiente de materias primas alimenticias, la descapitalización de la industria y de la infraestructura productiva, así como el envejecimiento de la población.

La burocracia

La burocracia es un problema serio en Cuba y afecta sectores enteros de la sociedad. La prensa cubana, que durante mucho tiempo eludió el tema, ya no vacila en denunciar su indolencia, su ineficacia y sus desmanes. El principal diario del país, Granma, portavoz del Partido Comunista, ha estigmatizado con virulencia el peso de la burocracia y ha exhortado a un “cambio de mentalidad” en una crónica titulada “Burocratismo, de regla a excepción”. Según el artículo, “todavía hay quienes se hacen de la vista gorda ante el nuevo escenario que se construye para la economía y la sociedad cubanas”. Algunos tienen “la burocracia puesta en vena, inoculada como un virus mortal”, mientras que otros no desean que cambie “el sistema de enredo, dilación, impunidad y la ‘multa’ o ‘mordida’ para que un trámite cualquiera llegue a feliz término”. Muchos funcionarios “disfrutan sus ocho horas diarias de verdugos, haciéndole la vida infeliz” a los ciudadanos. Granma lanza un llamado al gobierno para que ponga término a esta “plaga parasitaria en el seno de la administración pública”, particularmente para la aplicación de las nuevas medidas de ampliación del sector privado.[12]

El diario Juventud Rebelde también ha denunciado una burocracia “con métodos autocráticos y verticalistas”, insensible a los problemas de la población. El periódico fustiga su comportamiento “imperdonable y paradójico”, particularmente en este periodo de grandes cambios en Cuba. La burocracia ni siquiera se digna a responder a los correos de la población en más del 30% de los casos y se niega a “evaluar los problemas de raíz”. “Otro elemento preocupante es la impunidad con la que se transgreden leyes, normativas y hasta derechos de los ciudadanos, ante los ojos de superiores”.[13]

Alfredo Guevara, padre del cine cubano y amigo personal de Fidel Castro, ha apoyado la voluntad de reforma del gobierno y ha llamada a poner fin a la estatización a ultranza de la sociedad cubana. “Comenzamos a vivir el proceso de destrucción de la estatización de la sociedad cubana y espero que logremos un Estado que se autolimite a sus funciones y permita que la sociedad se desarrolle”.[14] Ello permitirá alcanzar “un nivel de independencia y madurez que será un gran aporte” para el país. Guevara ha denunciado a menudo la burocracia cubana “disparatada e ineficiente”[15] así como el paternalismo contraproducente del Estado. Según él, “la burocracia […] son los dirigentes vacíos que creen que su tarea nada más es dirigir. El Estado no es burocracia, pero desde luego un Estado desproporcionado crea un fenómeno ideológico-burocrático”.[16]

El presidente de la República, Raúl Castro, ha advertido a los partidarios del statu quo que se niegan al cambio: “Seremos pacientes y a la vez perseverantes ante las resistencias al cambio, sean estas conscientes o inconscientes. Advierto que toda resistencia burocrática al estricto cumplimiento de los acuerdos del Congreso, respaldados masivamente por el pueblo, será inútil”.[17]

La corrupción

La corrupción también es un fenómeno endémico en Cuba y gangrena los niveles intermedios de la estructura del Estado, incluso a los inspectores fiscales, y a veces a la más alta jerarquía.[18] El mercado negro se ha desarrollado sustancialmente desde la caída de la Unión Soviética. Se debe principalmente a la insuficiencia del ingreso mensual. Raúl Castro lo ha reconocido sin ambages: “El salario aún es claramente insuficiente para satisfacer todas las necesidades, por lo que prácticamente dejó de cumplir su papel de asegurar el principio socialista de que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su trabajo. Ello favoreció manifestaciones de indisciplina social”.[19] Ahora bien, todo aumento del salario mensual sólo puede ocurrir en paralelo con un aumento de la producción, la cual generará más ingresos.

Un estudio realizado en 2005, tras una solicitud expresa de Fidel Castro, reveló la amplitud del robo de combustible en las 2.000 gasolineras del país. Durante cuarenta y cinco días, trabajadores sociales sustituyeron a los empleados de estos puntos de venta, a los que se envió a su casa conservando su salario íntegro. El primer informe publicado mostró que se robaba más del 50% de la gasolina. En efecto, los ingresos diarios generados por los 2.000 puntos de venta habían aumentado 100.000 dólares, o sea un crecimiento del 115% con respecto a la situación anterior. En la provincia de Santiago de Cuba, los ingresos se dispararon en un 553%, ilustrando así el hecho de que se robaba al Estado más del 80% del combustible, el cual se vendía en la economía paralela.[20] Una desviación de semejante amplitud no puede realizarse sin la complicidad activa de altos funcionarios que ocupan puestos de responsabilidad. En el pasado, varios ministros fueron destituidos, enjuiciados y condenados a severas penas de prisión por corrupción y desviación de fondos.[21] Recientemente tres ministros fueron destituidos por varias razones.[22] Ante esta alarmante constatación, Fidel Castro había advertido de un desmoronamiento total del sistema: “Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución puede destruirse, […] nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra”.[23]

Raúl Castro, consciente de que la corrupción también afecta a los altos funcionarios, ha mandado un mensaje claro a los responsables de todos los sectores: “Hay que luchar para desterrar definitivamente la mentira y el engaño de la conducta de los cuadros, de cualquier nivel”. De modo más insólito se ha apoyado en dos de los diez mandamientos bíblicos para ilustrar sus puntos: “No robarás” y “no mentirás”. Del mismo modo, ha evocado los tres principios éticos y morales de la civilización inca: “no mentir, no robar, no ser holgazán”, los cuales deben guiar la conducta de todos los responsables de la nación.[24] En efecto, el mercado negro se alimenta de una desviación masiva de mercancías que importa el Estado e implica forzosamente a altos dirigentes. Raúl Castro ha sido explícito al respecto: “Ante las violaciones de la Constitución y de la legalidad establecida no queda otra alternativa que recurrir a la Fiscalía y los Tribunales, como ya empezamos a hacer, para exigir responsabilidad a los infractores, sean quienes sean, porque todos los cubanos, sin excepción, somos iguales ante la ley”.[25]

Gladys Berejano, vicepresidenta del Consejo de Estado y responsable de la lucha anticorrupción del gobierno cubano, reconoció que el combate contra las malversaciones era un desafío mayor y una de las grandes prioridades nacionales. Según una reciente auditoría realizada en 2011, apenas el 46% de las entidades públicas evaluadas en Cuba presentaban un balance aceptable. En el resto de las agencias y empresas estatales, los administradores falsificaron los libros de cuentas con el fin de desviar artículos hacia el mercado negro, con la complicidad de los contadores encargados de evaluar la salud financiera de la estructura.[26]

El caso Esteban Morales es edificante en la medida en que permite arrojar luz sobre la lucha entre las fuerzas oscuras y conservadoras aún presentes en el Partido Comunista Cubano y sus sectores más críticos y progresistas. En un artículo publicado en el sitio Internet de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Esteban Morales, economista y miembro del Partido Comunista Cubano con fama de honorable, estudioso de la cuestión del racismo y de las relaciones con Estados Unidos, había advertido en abril de 2011 del principal peligro que amenazaba el proceso revolucionario cubano: la corrupción. Denunció el enriquecimiento ilícito de algunos altos funcionarios y miembros del gobierno sin citar nombres, acusándolos de preparar la transferencia de bienes públicos a manos privadas, en caso de caída del régimen, en un proceso similar a lo que ocurrió en la ex Unión Soviética: “No podemos tener duda de que la contrarrevolución, poco a poco, va tomando posiciones en ciertos niveles del Estado y del Gobierno”. Citó como ejemplo la distribución reciente de tierras en usufructo y los numerosos casos de “fraudes, ilegalidades, favoritismos, lentitud burocrática” que ocurrieron, así como otros casos de altos funcionarios culpables de desviaciones de fondos y que han abierto cuentas bancarias en el extranjero.[27]

Tras la publicación de esta reflexión severa e implacable en la forma pero fundamentalmente veraz, Morales fue excluido del Partido Comunista Cubano y su artículo retirado del sitio de la UNEAC. No obstante, ante al amplio apoyo que obtuvo entre los miembros del Partido –incluso el de Raúl Castro–, la Comisión de Apelación del Comité Central desestimó la decisión tomada en primera instancia y reintegró a Morales a sus cargos.[28]

La cultura del debate

La ausencia de una verdadera cultura del debate crítico en Cuba constituye un freno para el desarrollo de la nación. Los más altos dirigentes son conscientes de esta realidad. Así, Fidel Castro lamenta la unanimidad de fachada que se presenta muy a menudo, particularmente en la prensa cubana:

Aquí ha habido durante bastante tiempo la tendencia a suponer que los señalamientos críticos, la denuncia de las cosas mal hechas, hacían el juego del enemigo, ayudaban al enemigo y a la contrarrevolución. A veces hay el temor de informar sobre algo, porque se piensa que puede ser útil al enemigo. Y nosotros hemos descubierto que en la lucha contra los hechos negativos es muy importante el trabajo de los órganos de prensa. Y hemos estimulado el espíritu crítico. Llegamos a la convicción de que es necesario desarrollar mucho más el espíritu crítico.[29]

Raúl Castro también fustigó los silencios, la complacencia y la mediocridad. Lanzó un llamado a más franqueza. “No hay que temerle a las discrepancias de criterios […], las diferencias de opiniones, que […] siempre serán más deseables a la falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo. Es por demás un derecho del que no se debe privar a nadie”. Castro denunció “el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años” para ocultar errores, fallos y yerros. “Es necesario cambiar la mentalidad de los cuadros y de todos los compatriotas” [30], agregó, proponiendo limitar a 10 años los mandatos políticos “con el fin de asegurar un rejuvenecimiento sistemático de toda la cadena de responsabilidad”.[31] Sobre los medios, dijo lo siguiente:

Nuestra prensa habla bastante de eso, de los logros de la Revolución, en los discursos también abundamos; pero hay que ir a la médula de los problemas […]. Soy un defensor de la lucha contra el secretismo, porque detrás de esa adornada alfombra es donde se ocultan las fallas que tenemos, y los interesados en que sea así y siga así. Y yo recuerdo algunas críticas; "sí, saquen en el periódico tal crítica", le orienté yo mismo […]. Inmediatamente la gran burocracia empezó a moverse: "Esas cosas no ayudan, desmoralizan a los trabajadores”. ¿A qué trabajadores van a desmoralizar? Como en una ocasión, en la gran empresa estatal lechera, El Triángulo. Se llevaba semanas, porque uno de los camiones de esa vaquería que estaba ahí en Camagüey estaba roto, y entonces toda la leche que se producía en las vaquerías de esa zona, de ese lugar se la echaban a unos cerdos que estaban criando. Fue entonces que le digo a un secretario del Comité Central para atender la agricultura en esa etapa, mete en Granma, cuenta todo esto que está pasando, haz una crítica. Algunos vinieron y hasta me comentaron que: "Esas cosas no ayudan, porque desmoralizan a los trabajadores". Lo que no sabían que era yo el que lo había orientado.[32]

El 1 de agosto de 2011, durante su discurso de clausura de la VII Legislatura del Parlamento Cubano, Raúl Castro reiteró la necesidad del debate crítico y la controversia en la sociedad: “Todas las opiniones deben ser analizadas, y cuando no se alcance el consenso, las discrepancias se elevarán a las instancias superiores facultadas para decidir y además nadie está mandatado para impedirlo”[33] Llamó a acabar con “el hábito del triunfalismo, la estridencia y el formalismo al abordar la actualidad nacional y generar materiales escritos y programas de televisión y radio, que por su contenido y estilo capturen la atención y estimulen el debate en la opinión pública” para evitar “materiales aburridos, improvisados y superficiales” en los medios de comunicación.[34]

Granma también fustigó la cultura del secreto por parte de los funcionarios que impiden que la prensa cubana informe correctamente a la población. Así, la recolección de información es una verdadera prueba en el laberinto burocrático donde se necesitan autorizaciones para cualquier reportaje. El diario denuncia “la incomprensión de muchos funcionarios administrativos, quienes parecen vivir ajenos al derecho de los ciudadanos y a la irritación que en la población causa el no explicar a tiempo los porqués de un fenómeno o medida”. Los obstáculos voluntariamente erigidos en el acceso a la información violan “los principios democráticos” establecidos por la Constitución de la República. “Brindar información sistemática, veraz, diversa, que permita abordar la realidad desde todas las complejas aristas que pueda ofrecer, no constituye un favor, sino un derecho del pueblo”, concluyó el diario.[35]

El sectarismo

En Cuba persisten algunas prácticas discriminatorias al más alto nivel del aparato estatal, a pesar de los esfuerzos que ha desplegado el presidente de la República para acabar con ellas. Así, Raúl Castro denunció públicamente por televisión algunos atentados a la libertad religiosa debidos a la intolerancia “enraizad[a] en la mentalidad de no pocos dirigentes en todos los niveles”. Evocó el caso de una mujer, cuadro del Partido Comunista, con trayectoria ejemplar, quien fue apartada de sus funciones, en febrero de 2011, por su fe cristiana y cuyo salario fue reducido en un 40%, en violación del artículo 43 de la Constitución de 1976 que prohíbe todo tipo de discriminación. El presidente de la República denunció así “el daño ocasionado a una familia cubana por actitudes basadas en una mentalidad arcaica, alimentada por la simulación y el oportunismo”. Recordó que la persona víctima de esta discriminación había nacido en 1953, fecha del ataque al cuartel Moncada por los partidarios de Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista, Raúl Castro expresó lo siguiente:

Yo no fui al Moncada para eso […]. De la misma forma, recordábamos que el 30 de julio, día de la reunión mencionada, se cumplían 54 años del asesinato de Frank País y de su fiel acompañante Raúl Pujol.  Yo conocí a Frank en México, lo volví a ver en la Sierra, no recuerdo haber conocido un alma tan pura como esa, tan valiente, tan revolucionaria, tan noble y modesta, y dirigiéndome a uno de los responsables de esa injusticia que cometieron, le dije: Frank creía en Dios y practicaba su religión, que yo sepa nunca dejó de hacerlo ¿Qué hubieran hecho ustedes con Frank País? [36]

No obstante, las relaciones con la Iglesia Católica de Roma jamás han sido mejores desde el triunfo de la Revolución en 1959. El escenario de confrontación con las instituciones religiosas poco a poco ha dejado espacio al diálogo, limando así las asperezas del pasado cuando “por ambas partes se cometieron excesos”. Raúl Castro también condenó con virulencia estas prácticas que “atentan contra nuestra principal arma para afianzar la independencia y la soberanía nacional, o sea, la Unidad de la Nación” Según él, resulta urgente romper “la barrera psicológica formada por la inercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, la indiferencia e insensibilidad” que lleva a todo tipo de abusos. “Nuestro peor enemigo no es el imperialismo ni mucho menos sus asalariados en suelo patrio, sino nuestros propios errores y que éstos, si son analizados con profundidad y honestidad, se transformarán en lecciones”.[37]

Una productividad baja

La productividad es también un problema endémico en una sociedad acostumbrada a recibir la misma remuneración sean cuales sean la calidad y cantidad del trabajo realizado. A los empleados del sector público les interesan poco las problemáticas de productividad y eficiencia. En efecto hay  “una ausencia de cultura económica en la población”. Por otra parte, la sovietización de la economía cubana a partir de 1968, con la nacionalización de todos los pequeños negocios, tuvo consecuencias desastrosas para el país en términos de rendimiento. En vez de adaptar la política económica a las peculiaridades nacionales, Cuba había seguido por mimetismo el modelo ruso. Raúl Castro admite ahora el error, dictado a la vez por la inexperiencia de la dirección de la nación y por el contexto geopolítico de la época: “No pensamos volver a copiar de nadie, bastantes problemas nos trajo hacerlo y porque además mucha veces copiamos mal”.[38] El gobierno cubano da prueba de lucidez en cuanto a las carencias en materia económica. Reconoce que “la espontaneidad, la improvisación, la superficialidad, el incumplimiento de los alcances, la falta de profundidad en los estudios de factibilidad y la carencia de integralidad al emprender una inversión” atentan gravemente contra la nación.[39]

Cuba dispone de tierras extraordinariamente fértiles y podría ser un exportador de materias primas alimenticias. En vez de ello, Cuba importa el 83% de los productos alimentarios que consume. Por ejemplo todos los años importa café por 47 millones de dólares mientras que sería perfectamente posible producirlo en Cuba de excelente calidad. En 1975, Vietnam, tras la guerra, había solicitado la ayuda cubana para producir café. Vietnam es actualmente el segundo exportador de café del mundo…  gracias a la experiencia y el conocimiento cubanos. Un diplomático vietnamita hizo partícipe de su sorpresa a su homólogo cubano ante esta contradicción: “¿Cómo es posible que ustedes que nos enseñaron a sembrar el café, ahora nos lo estén comprando?”.[40] Hay una razón para ello: de los 6,6 millones de hectáreas de superficie agrícola, 3,6 millones permanecían abandonados o sub-explotados en 2008.[41]

La política agrícola del gobierno revolucionario ha sido uno de sus más graves fracasos. Varios factores permiten explicar esta dependencia estratégicamente peligrosa. Primero, la labor de la tierra es por definición un trabajo difícil e ingrato, sobre todo en una sociedad que ha alcanzado un nivel de desarrollo humano sin precedente en la historia de América Latina y del Tercer Mundo. En efecto es difícil convencer a ciudadanos que han conseguido diplomas universitarios de que vayan a producir café o trigo para obtener, de todas formas, el mismo salario que un empleado de oficina. Para ello, resulta indispensable que “los agricultores obtengan ingresos justos y razonables por su sacrificada labor”[42], como recordó el presidente cubano. Así, desde 2008, de un fondo disponible de 1,8 millones de hectáreas de tierras no cultivadas, más de un millón se concedió –en lotes de 13 a 40 hectáreas– en usufructo gratuito por un periodo de 10 años para los particulares y de 25 años para las cooperativas. Del mismo modo, el gobierno decidió bajar en un 60% el precio de los insumos y productos agrícolas con el fin de incitar a la población a invertir este campo.[43]

La hipertrofia del sector y la debilidad de la infraestructura productiva

La hipertrofia del sector público es una realidad innegable. En efecto, el Estado emplea a cerca del 84% de la población activa, que se eleva a 5,2 millones de personas. La función pública se encarga de proporcionar un empleo a los cubanos, aunque algunos sectores estén saturados. El sobre empleo permite conseguir cierta estabilidad social pero cerca de un millón de empleos se consideran poco o nada productivos. [44]

La descapitalización de la industria y de la infraestructura productiva constituye un serio obstáculo económico. Cuba necesita urgentemente nuevas inversiones, particularmente en capitales extranjeros. No obstante, las amenazas de sanciones procedentes de Estados Unidos frenan a los potenciales inversionistas.[45]

Una transición demográfica avanzada

Por fin, Cuba se encuentra a un nivel de transición demográfica avanzada, igual que países como Argentina, Uruguay o Chile, por su índice de desarrollo humano elevado. El país entonces se enfrenta al envejecimiento de su población, cuya esperanza de vida alcanza casi los 80 años. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), cerca de dos millones de personas tienen más de 60 años, o sea el 17,8% de la población del país. En veinte años, la cifra alcanzará el 30%.[46] Cuba cuenta actualmente con 1.551 centenarios y debe hacer frente no sólo al problema del financiamiento del retiro –la edad de la jubilación pasó de 55 años a 60 años para las mujeres y de 60 años a 65 años para los hombres en 2009–, sino también al peligro de la falta de renovación generacional que afecta la economía y la sociedad. En efecto, el número de habitantes disminuyó en 2010 por la baja tasa de natalidad.[47]

Las medidas económicas y sociales

Del 1 de diciembre de 2010 al 28 de febrero de 2011, un proyecto de reforma de la política económica y social elaborado por la Comisión de Política Económica del Partido Comunista Cubano, fue sometido a un amplio debate público con la ayuda de la central sindical del país.[48] En total, cerca de 9 millones de cubanos asistieron a una de las 163.000 reuniones organizadas para debatir el proyecto, con un total de 3 millones de intervenciones. El documento original contenía 291 puntos, de los cuales 16 se integraron en otros, 94 se mantuvieron intactos, 181 se modificaron y 36 se agregaron para un total final de 311 puntos.[49] Así el proyecto final, que modificaba en un 68% al inicial, fue adoptado durante el VII Congreso del Partido Comunista Cubano por los mil delegados que representaban a los 800.000 militantes.[50] Luego fue sometido al Parlamento cubano que lo aprobó en sesión plenaria el 1 de agosto de 2011.[51]

El Estado cubano, que debe aportar soluciones para evitar la bancarrota, decidió, sobre una base quinquenal, adaptar los gastos a los recursos disponibles y reducir al máximo el recurso a la deuda.[52] Raúl Castro insistió en la emergencia de la situación: “Estamos convencidos de que lo único que puede hacer fracasar a la Revolución y el socialismo en Cuba, poniendo en riesgo el futuro de la nación, es nuestra incapacidad para superar los errores que hemos cometido durante más de 50 años”.[53]

Hay que subrayar dos medidas espectaculares. La primera constituye una revolución estructural de la fuerza del trabajo. Así, las autoridades decidieron proceder a la supresión a medio plazo de casi medio millón de puestos de funcionarios, o sea el 10% del total de los empleados del sector público, y de un millón en cinco años.[54] Los funcionarios afectados tendrán tres posibilidades: la reubicación en un sector deficitario, el trabajo por cuenta propia o la obtención de tierras en usufructo. Antes los empleados despedidos percibían el total de sus ingresos hasta que encontrasen un nuevo trabajo. Ahora la indemnización sólo durará cinco meses como máximo y será del 100% el primer mes (pasando luego al 60% del salario). Todos los sectores que disponen de un excedente de capital humano se reducirán a lo estrictamente necesario con una restructuración del mundo laboral. No obstante, el gobierno precisa que “el Estado Socialista no dejará desamparado a ningún ciudadano y mediante el sistema de asistencia social garantizará que las personas incapacitadas para trabajar reciban la protección mínima requerida. En el futuro existirán subsidios, pero no a los productos, sino a las cubanas y cubanos que por una u otra razón realmente los necesiten”.[55]

La segunda medida también es de una envergadura sin precedentes. Se trata de una apertura de la economía estatal al sector privado destinada, entre otras cosas, a legalizar una creciente economía paralela y a recaudar impuestos en un país poco acostumbrado a la cultura tributaria. Así el Estado, que controla casi el 90% de la economía, ha decidido delegar una parte de sus actividades económicas a personas privadas, y se limitará a la gestión y explotación de los recursos estratégicos de la nación, con una progresiva descentralización con el fin de estimular el desarrollo. Se han otorgado alrededor de 250.000 nuevas licencias en diversos sectores. Casi 178 nuevas actividades se han abierto al campo privado y conciernen diferentes sectores tales como la restauración (el número de sillas en los restaurantes pasó de 12 a 50[56]), la venta al por menor o el arrendamiento de habitaciones. En 83 sectores, ahora los nuevos empresarios podrán contratar personal, prerrogativa que había sido hasta ahora una exclusividad del Estado, de las sociedades mixtas y de las empresas extranjeras, mediante el pago de tributos a la altura del 25% del salario del empleado.[57] El éxito fue inmediato.[58] En seis meses, el número de pequeños empresarios pasó de 157.000 a más de 320.000, y debería estabilizarse en torno al medio millón.[59] Los primeros efectos positivos han aparecido con un crecimiento de los ingresos fiscales de Estado al cabo de seis meses.[60]

Los negocios privados se someten a un impuesto progresivo que puede alcanzar el 50% de los ingresos y a cotizaciones sociales a la altura del 25%.[61] Los ingresos hasta 5.000 pesos anuales están exentos de impuestos mientras que los que superan los 50.000 pesos se gravan a la altura del 50%. El nuevo código fiscal estipula que desde ahora los empresarios podrán deducir hasta el 40% de sus ingresos en concepto de gastos profesionales frente al 10% anteriormente.[62] Así, los trabajadores independientes tendrán que pagar cuatro impuestos en total: el impuesto sobre el ingreso del 25% (ingresos superiores a 5.000 pesos) hasta el 50% (ingresos superiores a 50.000 pesos), impuestos patronales a la altura del 25% del salario del empleado, el IVA del 10% (un 5% para el sector de la alimentación), y las cotizaciones sociales del 25%.[63]

Para hacer frente a la escasez de materias primas, el gobierno ha decidido dedicar importantes recursos a la compra de material exclusivamente dedicado al sector privado. Los nuevos empresarios tendrán que enfrentar tres retos principales: hacerse con una clientela, conseguir créditos y vencer los obstáculos burocráticos.[64] Las más altas autoridades del Estado han garantizado el carácter irreversible de las reformas y han brindado su apoyo a los trabajadores independientes anunciando una nueva política bancaria de créditos destinados a los microempresarios[65], particularmente en el sector agrícola.[66] Estas nuevas medidas deberían generar ingresos a la altura de 1.000 millones de dólares de impuestos, según las estimaciones gubernamentales.[67]

Del mismo modo las cantinas de empresa y el transporte obrero ya no estarán a cargo del Estado, así como las peluquerías y los taxis, entre otros, que en adelante gestionarán los empleados. Las empresas dispondrán así de facultades de iniciativa más amplias.[68]

El objetivo es ampliar la productividad, reforzar la disciplina laboral y ofrecer un abanico de salarios más amplio que permita satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La política “igualitarista” de los mecanismos de distribución del ingreso se eliminará, así como la gratuidad de algunas prestaciones.[69] Raúl Castro reconoció que el “excesivo enfoque paternalista, idealista e igualitarista que instituyó la Revolución en aras de la justicia social” fue un error. “Confundimos el socialismo con las gratuidades y subsidios, la igualdad con el igualitarismo”, precisó. En adelante los salarios se indexarán con la productividad.[70] La “igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos” prevalecerá, con una política enfocada en el trabajo que está considerado como “a la vez un derecho y un deber” y “deberá ser remunerado conforme a su cantidad y calidad”.[71]

Por otra parte se eliminarán las numerosas y excesivas prohibiciones que favorecían el mercado negro. Raúl Castro llamó a:

Eliminar tantas prohibiciones irracionales que han perdurado por años, sin tener en cuenta las circunstancias existentes, creando el caldo de cultivo para múltiples actuaciones al margen de la ley, que frecuentemente dan lugar a la corrupción en distintos grados. Puede llegarse a una conclusión probada por la vida: las prohibiciones irracionales propician las violaciones, lo que a su vez conduce a la corrupción y la impunidad.

Así, denunció los trámites administrativos inútiles relativos a la permutación de vivienda o la venta de coches entre particulares.[72] Ahora los cubanos y extranjeros residentes permanentes podrán comprar y vender viviendas. Antes sólo se autorizaban el intercambio y la herencia, ocasionando numerosas operaciones ilegales. No obstante no será posible ser propietario de más de una vivienda, y estas medidas excluyen a la vez a los cubanos no residentes así como a los extranjeros. Se abrogará la ley sobre la confiscación de bienes de los emigrantes, quienes podrán, en caso de salida, legar sus bienes a su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad, con tal de que pueda justificar cinco años de vida en común con la persona concernida.[73]

Por fin, la isla se encuentra también en la obligación de poner término a la dualidad monetaria –el peso con el cual la mayoría de los cubanos reciben su salario y el peso convertible, reservado al sector turístico- con el fin de reducir las desigualdades. En efecto, un peso convertible (alrededor de 1 dólar) equivale a 26 pesos. [74]

Aunque el cambio de la estructura económica parece imprescindible, Cuba no piensa adoptar el modelo económico de mercado. Según el gobierno cubano, el principio de base seguirá siendo el mismo: “sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución”. Así, la planificación prevalecerá sobre las reglas de mercado, con una modernización de la metodología, la organización y la gestión.[75]

A nivel macroeconómico, Cuba aspira a una mayor eficiencia con el fin de limitar la intervención financiera del Estado en los sectores deficitarios. Se prevén dos tipos de soluciones. La primera, a corto plazo, permitirá eliminar el déficit de la balanza de pagos con una reducción de las importaciones y un aumento de los ingresos externos. El objetivo de mejorar el crecimiento y el nivel de vida de la población pasa por una mayor eficiencia económica, una estimulación del trabajo y una redistribución más equitativa del ingreso nacional.[76]

A largo plazo, Cuba debe encontrar soluciones de desarrollo sostenible que permitan particularmente alcanzar una autosuficiencia alimentaria y energética, un uso eficiente del capital humano, una buena competitividad en las producciones tradicionales y el desarrollo de nuevas producciones de bienes y servicios con alto valor agregado.[77]

Las empresas estatales y las cooperativas

Se concederá más autonomía a las empresas estatales, a las empresas con capitales mixtos, a las cooperativas, a los dueños de tierras en usufructo, así como a los pequeños empresarios privados, sin permitir sin embargo una concentración de propiedad demasiado importante. El poder de decisión se descentralizará a favor del sector empresarial para obtener una mayor eficacia. Las empresas dispondrán de más facultades, así como de una mayor responsabilidad en la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros y se cancelará así una parte de los controles burocráticos. Habrá mercados de abastecimiento no subvencionados a disposición de las empresas.[78]

Las empresas estatales cuyo balance financiero es estructuralmente deficitario, cuyo capital de trabajo es insuficiente y que se muestran incapaces de respetar sus obligaciones, pasarán sistemáticamente por un proceso de liquidación. Las empresas no recibirán más financiamiento presupuestario para la producción de bienes y servicios. En cambio podrán crear fondos propios para el desarrollo o el aumento de los salarios, en caso de beneficios, después de satisfacer su contrato de producción y pagar sus obligaciones tributarias. Del mismo modo, los salarios de los empleados del sector público evolucionarán en función de los resultados de la empresa. Se eliminarán las subvenciones por pérdidas.[79]

Las cooperativas, basadas en “libre disposición de trabajadores a asociarse”, siguen siendo propietarias de los medios de producción y puede usarlos como les convenga (arrendamiento, usufructo…). Pueden asociarse a otras entidades similares (para la compra y venta, por ejemplo, para reducir los costos). No obstante, la propiedad cooperativa no puede venderse o alquilarse a otras cooperativas o a otras empresas no estatales. También se encargan de fijar los salarios de sus empleados[80].

La política social

En política social la prioridad es preservar “las conquistas de la Revolución, tales como el acceso a la atención médica, la educación, la cultura, el deporte, el ocio, la seguridad social y la protección mediante la asistencia social a las personas que lo necesiten”, eliminando al mismo tiempo los “gastos excesivos”.[81]

Con respecto a la educación, las carreras universitarias se adecuarán al desarrollo de la economía y de la sociedad, con un aumento de efectivos en los sectores tecnológicos y científicos. En cuanto a la salud, está prevista una reorganización territorial de los centros de salud, así como el desarrollo de la medicina natural y tradicional y la promoción de la medicina preventiva. Finalmente, para hacer frente al envejecimiento de la población y al problema de la dependencia, aumentará la contribución de los asalariados y se buscarán nuevos financiamientos.[82]

El salario desempeñará un papel principal en la sociedad cubana con el fin de “reducir gratuidades indebidas y subsidios personales excesivos, estableciendo compensaciones a las personas necesitadas”. Así, la libreta, instaurada en 1963 para hacer frente a las sanciones económicas, a la especulación sobre las materias primas y evitar una crisis alimentaria, “que favorece tanto al ciudadano necesitado como al no necesitado”, tiene muchos inconvenientes, pues beneficia indistintamente tanto a los trabajadores dedicados que aportan riqueza a la sociedad como a los que viven de la ayudad social sin producir nada.[83]

Como señaló Raúl Castro, la libreta “se ha venido convirtiendo, con el decursar de los años, en una carga insoportable para la economía y en un desestímulo al trabajo, además de generar ilegalidades diversas”.[84] Se ha ido reduciendo gradualmente y se suprimirá en el futuro para evitar las prácticas de trueques y ventas que alimentan el mercado negro.[85] Por ejemplo los cigarrillos desaparecieron de la libreta en septiembre de 2010.[86] El arroz y el azúcar (menos la parte mensual subvencionada) se encuentran ahora en el mercado libre[87], mientras que el precio del aceite ha aumentado un 10%.[88] La supresión de la libreta será compensada por aumentos salariales.

No obstante la alimentación social en la esfera de los servicios de salud y educación se preservará “para proteger a la población vulnerable”. Las cantinas obreras permanecerán abiertas pero habrá que pagar y no se subvencionarán. Del mismo modo, el Estado se compromete a “garantizar que la protección de la asistencia social la reciban las personas que realmente la necesitan”.[89]

La política industrial y energética

La industria farmacéutica y biotecnológica es uno de los éxitos económicos de la nación cubana. Representa la cuarta fuente de ingresos de la isla después de las prestaciones de servicios, el turismo y el níquel.[90] El objetivo es alcanzar una soberanía tecnológica en este campo y reforzar la política de registro de patentes y propiedad industrial en los principales mercados internacionales.

A nivel energético, Cuba debe reducir su dependencia del exterior y elevar su producción de petróleo y de gas con la explotación de los yacimientos submarinos descubiertos recientemente en el Golfo de México, y aumentar su capacidad de refinamiento con el fin de reducir la importación de productos derivados. No obstante se necesitan importantes inversiones y la isla no dispone de los recursos para financiarlas. Del mismo modo ya no se subvencionará la energía usada para las actividades productivas de bienes y servicios[91].

Para proceder al ahorro de energía por el alza de los precios de petróleo, el gobierno anunció en octubre de 2010 un aumento de las tarifas eléctricas para los grandes consumidores, es decir los que usan más de 300 kilovatio/hora al mes. El aumento será gradual y oscilará entre el 15% y el 285% del precio, según el plus de consumo. Esta categoría de usuarios, que representa el 5,6% de la población, tendrá que pagar entre 1,5 y 5 pesos el kilovatio/hora adicional en vez del precio normal de 1,3%. Para los hogares que consumen menos de 100/kilovatios/hora, el precio permanecerá a 0,09 peso el kilovatio/hora. El Estado dio ejemplo reduciendo su consumo en un 10% en 2010 con respecto al año anterior. El precio de la gasolina también aumentó un 10% y el del diesel el 18%, dado que más del 50% del combustible que consume la isla se destina a producir electricidad.[92]

El turismo

En el sector turístico, que constituye la segunda fuente de ingresos de la nación, la prioridad es mejorar la calidad de los servicios –los cuales se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales–, así como la diversificación de los destinos turísticos en el interior del país para evitar concentraciones demasiado importantes de veraneantes. Del mismo modo, para aumentar la capacidad habitacional del país, ahora los particulares podrán alquilar más fácilmente una parte de su vivienda.



El transporte y la vivienda

El transporte sigue siendo uno de los serios problemas en Cuba y tiene un impacto tanto en la vida económica como en el bienestar de la población. La red se debe modernizar, reorganizar y desarrollar. El ferrocarril y la red marítima constituyen una prioridad, particularmente por razones económicas y medioambientales. Los puertos nacionales serán ampliados por motivos comerciales.

El otro gran problema es la vivienda, que resulta insuficiente y a menudo se encuentra en estado precario. La isla necesita construir 100.000 viviendas al año pues existe desde hace décadas un déficit estructural del fondo inmobiliario de la nación, a causa de las sanciones económicas. La construcción de viviendas no será más una tarea exclusiva del Estado: desde ahora el sector privado podrá encargarse de esta actividad. En noviembre de 2010, el Estado decidió eliminar las subvenciones al material de construcción por falta de liquidez.[93]

Conclusión

El reto que espera a los cubanos es de envergadura. Aunque no pueden actuar contra el principal obstáculo al desarrollo de la nación que son las sanciones económicas, cuyo levantamiento –reclamado por unanimidad– depende de la voluntad de la Casa Blanca y del Congreso estadounidense, no obstante pueden vanagloriarse de haber creado la sociedad menos injusta del planeta y de tener el mejor índice de desarrollo humano del Tercer Mundo. Sin embargo la lucha contra la burocracia, la corrupción, el mercado negro, la baja productividad, el amateurismo en términos de política económica, la fuerte dependencia alimentaria y energética, las prohibiciones excesivas, la insuficiencia de debate crítico o la relación indolente con el trabajo, siguen siendo sus prioridades. Los cubanos –más precisamente las generaciones más jóvenes– tendrán que ponerse a la altura de la situación, adaptarse a las nuevas realidades y seguir siendo al mismo tiempo fieles a su historia y tradición de lucha y resistencia. Pues, para retomar las enseñanzas lúcidas el Apóstol cubano y héroe nacional José Martí, “el primer deber de un hombre […] es ser un hombre de su tiempo”.

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. Contacto: Salim.Lamrani@univ-mlv.fr