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SE
EVIDENCIA OTRA GRAN MENTIRA CONTRA CUBA
Por Manuel E. Yepe
La intensa y prolongada campaña difamatoria contra Cuba en torno a la
condena de 75 ciudadanos cubanos hallados culpables por los tribunales
del delito de mercenarismo por actuar contra su país a cambio de una
remuneración de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana,
ha tenido una nueva prueba de su farisaico origen.
Ocurrió que el subsecretario de Estado estadounidense para el Hemisferio
Occidental durante el gobierno de George W. Bush, Roger Noriega,
confesó, en un programa radial, que el entonces Jefe de la Oficina de
Intereses de EE.UU. en Cuba, James Cason, tenía instrucciones de su
gobierno de provocar la ruptura de las precarias relaciones
diplomáticas de Washington y La Habana, establecidas durante el gobierno
del demócrata James Carter.
El hecho cobra mayor actualidad por tener lugar pocas horas después de
que el gobierno cubano anunciara la liberación de los sancionados que
aún estaban cumpliendo sus condenas, a resultas de gestiones de la
iglesia católica cubana y el gobierno de España.
En declaraciones hechas en Washington al periodista Roberto Rodríguez
Tejera, del programa radial “Lo que otros no dicen”, de Univisión
Radio, Noriega expresó que Cason, en aquel entonces, tenía instrucciones
del Departamento de Estado de provocar al gobierno de Cuba para que éste
le expulsara. En respuesta a la actuación que se pretendía provocar del
gobierno cubano, Estados Unidos retiraría su representación en La Habana
pidiéndole al Gobierno cubano que hiciera lo mismo con su representación
en Washington, precisó Noriega.
Como resultado de esa intensificación de la agresividad que promovió la
Oficina de Intereses de los Estados Unidos cuya motivación solo ahora
es confesada por quien fuera alto funcionario del Departamento de
Estado, se multiplicaron las acciones subversivas y demás actividades
ilegales de todo tipo en Cuba.
El gobierno cubano, intuyendo o adivinando las verdaderas intenciones,
optó por proceder legalmente contra los delincuentes materiales pagados
por la Oficina de Intereses de EE.UU., en vez de expulsar al señor Cason,
evidente instigador de lo que ocurría.
Esto último habría convenido a Cason, quien de tal forma cumpliría con
éxito la misión encomendada por su gobierno de crear condiciones que
favorecieran el cierre de las Oficinas de Intereses de los Estados
Unidos en La Habana y de Cuba en Washington.
Fue así que, ante la complejidad y gravedad de la situación, las
autoridades cubanas, cumpliendo su obligación de salvaguardar la
seguridad nacional, procedieron a ejecutar, entre otras medidas
defensivas y preventivas, la detención y puesta a disposición de los
tribunales, con todas las garantías procesales y penales que otorga la
Ley, de varias decenas de individuos. A 75 de ellos les resultó probado,
mediante evidencias materiales que no pudieron ser objetadas por sus
abogados defensores, el delito de mercenarismo previsto por la
legislación cubana vigente.
Todos servían, con mayor o menor grado de responsabilidad penal, a la
representación diplomática de Estados Unidos en La Habana y cobraban por
tales servicios.
A la campaña mediática y diplomática contra Cuba en torno al caso, que
ha costado a los contribuyentes estadounidenses miles de millones de
dólares en 7 años, se le agregaron una serie de “sub-campañas”, como la
de las Damas de Blanco (utilizando a familiares de los sancionados) y la
de los huelguistas de hambre en las prisiones (que incluyó el
fallecimiento de un preso común, reclutado en prisión en función de la
operación publicitaria).
El caso de los 75, cuyos protagonistas eran exclusivamente individuos
cubanos reclutados por Washington para servir a sus intereses -y no
otros-, fue utilizado para instrumentar acciones diplomáticas contra la
Isla en terceros países, como los de la Unión Europea. El prestigio de
la diplomacia del viejo continente ha sufrido con ello, por la evidencia
de su subordinación a Estados Unidos.
La prensa globalizada al servicio de la superpotencia ha ignorado o
silenciado en todo momento –incluso ahora- la condición de mercenarios
de los convictos, culpables de un delito condenado universalmente por
toda nación soberana y toda persona honesta.
Su excarcelación tampoco ha sido del agrado de los beneficiarios de
la “industria del odio” que administra la ultra derecha de cubanos
radicados en el sur del estado de la Florida, porque nota que se le
acaba el tiempo, sin más “héroes” que los demasiado conocidos, como el
terrorista Posada Carriles y los congresistas batistianos, cada vez más
desacreditados y más desconectados de la realidad cubana.
A escala global, el acto de manumisión de los 75 también deja también
inconformes a quienes han podido, gracias a la campaña contra Cuba en su
torno, mamar de la teta de Washington sin sacrificar a cambio nada más
que sus conciencias y la dignidad de sus naciones.
Julio de 2010.
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