Tuesday, May 18, 2010, p. 25

Private farmers ask Cuban government for more leeway to sell their crops
Authorities announce a rise in agricultural taxes.

Gerardo Arreola, correspondent

A CubaNews translation.
Edited by Walter Lippmann.

Havana, May 17. With 70% of food production on their shoulders, Cuba’s private farmers demanded their leaders ease up on the sales of homegrown produce as tighter controls on domestic trade and further taxes on agriculture were announced.

However, at the close Sunday of the 10th Congress of the National Association of Small Farmers (ANAP) –which has 362,440 members and is in control of 3,635 cooperative farms– Cuban vice president and Economy Minister Marino Murillo let it be known that the centralized allocation of consumables will be eliminated so that producers could purchase them directly in municipal markets.

President Raúl Castro was present, yet it was Murillo who delivered the closing speech without explicitly addressing a number of demands previously received and noted by ANAP and recognizing only that “marketing was among the main topics of discussion in this Congress”.

Murillo said the government intends to boost production of staples like rice, beans, corn, milk, meat and feed in order to save around 800 million out of the more than two billion dollars’ worth of imported foods.

Local media reports have it that the farmers pressed the authorities for permission to extend to other crops the current practice of selling milk directly to state retailers as well as to do business with both tourist and public enterprises without official go-betweens and thus being spared today’s procedure of paying fees to the government.

The Congress made the specific request that the ongoing arrangements to bring farm produce to Havana be “revised”, given the widespread discontent with the way state mediation has worked out.

“There can’t be a single centralized market if we hope to have diversified farming”, said cooperative member Lázaro Hernández, from Bejucal, in La Habana province, who also suggested “pricing scarce products according to supply and demand so that our farmers decide to grow them”.

Juan José Hernández, from Artemisa, in the same province, remarked that as a result of the existing obligation to sell only through the Ministry of Domestic Trade, “we incur great loss and large amounts of goods arrive in poor condition or far behind schedule”.

Murillo also called for strictness in the application of the current system –based on contracting with the farmers for the supply of all but 90% of their crops and letting them sell only the surplus on the free market– and told of an impending offensive against illegal middlepersons.

The opening of a market of farming supplies like fuel and fertilizers closes one of the state’s passages that farmers must walk, although the Minister made it clear that prices will be monitored and heralded the end of the preferential tax code now in effect for cooperatives and small owners, an idea seconded by a Congress chair who suggested that a “progressive scale” should be designed to that end.

Likewise, Murillo reported that 920,000 hectares of idle land have been leased since 2009 of a total estimate ranging from 1,200,000 and 3,000,000 hectares. Yet, the Minister underscored that nearly half the land so granted remains untended or underused.
 

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Autoridades anuncian aumento de impuestos al sector agrícola
Campesinos privados piden al gobierno de Cuba más libertad para vender sus productos
 
Gerardo Arreola
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 18 de mayo de 2010, p. 25

La Habana, 17 de mayo. Los campesinos privados, que generan 70 por ciento de los alimentos producidos en Cuba, pidieron más libertad para vender su mercancía, mientras el gobierno anunció mayor rigor en el control del comercio y aumento de impuestos al sector.

Sin embargo, el vicepresidente y ministro de Economía, Marino Murillo, informó al décimo congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el domingo, que las autoridades eliminarán la asignación centralizada de insumos, para que los productores puedan comprarlos directamente en mercados municipales.

El presidente Raúl Castro asistió a la reunión, pero fue Murillo quien habló en la clausura, sin responder explícitamente a las demandas ya conocidas y ahora formalizadas por la ANAP, que tiene 3 mil 635 cooperativas y 362 mil 440 asociados. El titular de Economía sólo reconoció que uno de los temas más discutidos en este congreso ha sido el de la comercialización.

Murillo dijo que el gobierno quiere ahorrarse unos 800 millones de dólares, de los más de dos mil millones que ha tenido que pagar para importar comida, a través de un despegue de las producciones de arroz, frijol, maíz, leche, carne y alimento animal.

Según reportes de los medios informativos locales, los campesinos pidieron a las autoridades que les permitan ampliar a otros productos la actual experiencia de venta directa de leche a las tiendas minoristas estatales; que se les autorice a comerciar con empresas turísticas, sin intermediarios oficiales y que se les deje negociar libremente con las empresas públicas, eliminando el actual trámite, que los hace pagar comisiones a entidades del gobierno.

El congreso pidió especialmente revisar el mecanismo de traslado de mercancías a la ciudad de La Habana, cuyos escalones de intermediación oficial han disparado numerosas protestas de los productores.

No puede haber un solo comercio centralizado cuando se está hablando de una agricultura diversificada, dijo el cooperativista Lázaro Hernández, de Bejucal, Provincia Habana (que circunda la capital) y sugirió que para relanzar los productos que escasean debemos ponerlos a precios de oferta y demanda, para que el productor se decida a sembrarlos.

Juan José Hernández, de Artemisa, en la misma provincia, expuso que al tener que vender sólo a través del Ministerio de Comercio Interior se originan pérdidas cuantiosas, los productos no llegan en las mejores condiciones o lo hacen con mucho tiempo de atraso.

En contraste, Murillo pidió rigor en la aplicación del actual mecanismo, por el cual los productores contratan sus cosechas con el gobierno, en volúmenes cercanos a 90 por ciento y sólo pueden acudir al mercado de libre oferta y demanda con los excedentes. También anunció una ofensiva oficial contra los intermediarios no autorizados.

La apertura de un mercado de insumos agrícolas, como combustible y fertilizantes, elimina una de las ventanillas oficiales por las cuales tienen que pasar los agricultores, pero Murillo advirtió que habrá un control de precios.

El vicepresidente indicó que cesará el trato fiscal de excepción que tienen las cooperativas y pequeños propietarios y habrá una política más recaudatoria en el sector, mientras que un resolutivo del congreso respaldó la idea y se manifestó por una escala progresiva.

Murillo informó que desde el año pasado se han entregado en usufructo 920 mil hectáreas de tierras ociosas (de un total disponible de entre un millón 200 mil y tres millones de hectáreas, según distinsos cálculos). Pero el funcionario apuntó que cerca de la mitad de los campos asignados siguen sin cultivar o con baja explotación.